La Xunta demanda al Gobierno central que endurezca las penas y la okupación ilegal de viviendas sea castigada con la cárcel y no solo con una multa, como sucede ahora. Así lo expuso ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras reunirse con asociaciones de vecinos de Vigo, Lugo, Ourense y Ferrol para conocer su opinión sobre el fenómeno, que como reconoció la conselleira, "comienza a ser un problema" en Galicia, aunque sin ser todavía grave ni acercarse en volumen al que se registra en otras partes de España. Actualmente, según los datos de que dispone el Ejecutivo autonómico, hay 100 denuncias activas en la comunidad por okupación, si bien las viviendas tomadas a la fuerza podrían llegar al medio centenar. La razón de esta desfase en las cifras responde a que los propietarios "prescinden" de interponer una demanda por el gasto y el "estrés" que ello supone, tal como indicó Ángeles Vázquez. Este problema se ha disparado en la comunidad gallega durante la pandemia del coronavirus.
La conselleira trasladó a los representantes vecinales que las competencias de la Xunta, ya que dependen del Gobierno central. En los pasados meses ya le trasladó a Madrid que debía dar un "paso adelante" para poner freno a la okupación, pero la respuesta que obtuvo del Estado fue la de rechazar abrir cualquier tipo de debate, alegando que la seguridad jurídica de los propietarios está garantizada con la normativa vigente.
En cualquier caso, subrayó que el Ejecutivo autonómico quiere "ponerle coto" y que para eso se dirigió al ministerio, con el fin de que haya un cambio normativo que la tipifique como delito, ya que "mientras la sanción sea pequeña, poco se podrá hacer".Endurecer penas y agilizar los procesos
"Es inadmisible que la ocupación ilegal de una vivienda que alguien tiene en propiedad solo se castigue con una multa y no con una pena de prisión", declaró Ángeles Vázquez tras la reunión. Por esta razón, avanzó, la Xunta "seguirá realizando todas las gestiones que sean necesarias y reclamando al Estado el marco legislativo más adecuado para endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales que permitan devolver los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios".
"Tenemos que empezar a frenarlo y hacerlo desde ya", añadió, con la vista puesta en que los okupas no se sientan "amparados".
Los representantes de los vecinos, por su parte, señalaron que la problemática "tampoco es que se agravara excesivamente" en los últimos meses, lo que descarta un impacto por la crisis sanitaria del Covid-19 y el confinamiento. En concreto, en representación de la federación de asociaciones de vecinos de la provincia de Lugo, Jesús Vázquez exigió "un cambio normativo o legislativo" para que este tipo de conductivas se tipifiquen como "un delito de allanamiento", así como una "intervención rápida" y un "endurecimiento claro" de las penas.
