No hubo prácticamente sector que se evitase la paralización por el estado de alarma. La Justicia también sufrió los efectos de la pandemia. A los asuntos pendientes por las restricciones impuestas por el Covid, se sumará un aluvión de procesos derivados de una crisis económica sin precedentes.

Ante el aumento de los asuntos en trámite tras la finalización del estado de alarma, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, reconoció que se prevé una "avalancha de casos, lo que supondrá un gran desafío para todos", si bien confió en poder evitar el "colapso definitivo", según apuntó en su discurso durante el acto de apertura del año judicial. Por ello, Castroverde urgió reformas de "más calado", en concreto "nuevas leyes que agilicen la tramitación de los procedimientos", para dar respuesta a los problemas de asuntos pendientes en el ámbito judicial.

El número de casos en trámite aumentó un 10% tras ser levantadas las restricciones el pasado 21 de junio en comparación con las mismas fechas de 2019, de manera que a finales de junio quedaron pendientes de resolución 166.276 asuntos, frente a los 150.978 registrados al finalizar el segundo trimestre del año pasado.

"No sabemos con certeza las consecuencias que la paralización de los plazos procesales y la actual situación socioeconómica supondrán a nivel judicial", manifestó el presidente del TSXG.

La crisis sanitaria, advirtió, ha puesto "aún más en jaque" a la Administración de Justicia, por lo que agradeció "el enorme esfuerzo" de los jueces y juezas de Galicia, quienes resolvieron durante el segundo trimestre del año, en pleno estado de alarma, más de 43.000 asuntos.

Díaz-Castroverde auguró que los planes de actuación y refuerzo que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del TSXG se están poniendo en marcha, aunque necesarios, serán "insuficientes". Por ello, reclamó reformas de "más calado", que permitan "una respuesta rápida y con garantías a la ciudadanía y a las empresas".