Desde el año 2012 los ayuntamientos gastan menos de lo que ingresan. Aunque el saldo en sus cuentas es positivo, las administraciones locales, para desesperación de los alcaldes, apenas pueden tocar sus ahorros. Los ayuntamientos gallegos disponen de casi 1.300 millones de euros superávit acumulado, el llamado remanente de Tesorería para gastos generales ajustado, según los datos de la liquidación definitiva de los presupuestos de las entidades locales de 2019 publicados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de las siete ciudades, el volumen de recursos paralizados en los bancos y por los que tienen que pagar intereses rozan los 600 millones, casi la mitad (47,4%) del remanente total de los municipios gallegos. El nuevo decreto anunciado hace escasas 48 horas por el departamento que dirige María Jesús Montero recoge la suspensión para este año de la regla de gasto -porcentaje establecido cada año de incremento máximo de los desembolsos, que solo se puede sobrepasar si viene acompañado en paralelo por una subida de ingresos; en el 2020, del 2,9%-,, liberando así el superávit de 2018 y 2019 -más de 3.000 millones para el conjunto de los ayuntamientos del país-, pero no los ahorros acumulados tras los ajustes impuestos por la crisis de 2008.
Tras continuas llamadas a Hacienda para que se levantasen las restricciones a la hora de gastar sus recursos y la rebelión de los alcaldes que provocó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de Sánchez de la legislatura con la derogación del decreto sobre el uso de los remanentes, finalmente Hacienda dio marcha atrás al anunciar un nuevo texto que abre la puerta al gasto de los ahorros de los dos últimos ejercicios. Para los alcaldes y los partidos de la oposición es un avance, pero también urgen al Ejecutivo a abordar la raíz del enfrentamiento: poder utilizar parte de los 15.000 millones de remanentes. Pero el Ejecutivo emplaza a partidos y regidores que formulen "propuestas y soluciones alternativas" ante la "falta de consenso" sobre el uso de los ahorros.
Los más de 3.000 millones que los regidores podrán invertir en actuaciones extraordinarias y de urgencia para afrontar la crisis del coronavirus -en el caso de los ayuntamientos gallegos el superávit de 2019 es de casi 150 millones, apenas el 12% de los recursos ahorrados tan solo suponen la quinta parte de los ahorros retenidos en los bancos-. Tras el paso dado por Hacienda, partidos y alcaldes buscan ahora una solución al bloqueo de sus remanentes. En Galicia suman casi 1.300 millones. De los 262 ayuntamientos de la comunidad que remitieron a Hacienda los datos definitivos de 2019 (casi el 84%), únicamente tres presentan un saldo negativo: Vilanova de Arousa (casi -331.000 euros), Vedra (-108.000 euros) y Carral (-46.300).
Solo las siete ciudades tienen paralizados 599,18 millones. A la cabeza del ranking autonómico, Ourense con 149,29 millones de remanente, seguido de Vigo (139,13), A Coruña (103,37), Lugo (74,8), Pontevedra (46,26), Santiago (43,65) y, finalmente, Ferrol (42,56).
Por debajo de los 70.000 euros de remanente, solo hay dos ayuntamientos: Lobeira (casi 39.000 euros) y Vilasantar (más de 63.000). Entre los 100.000 y 300.000 euros figuran 18 concellos. Entre 300.000 y el millón de euros, son 66 municipios gallegos. Destacan por encima de los 10 millones, un total de 18 consistorios, de ellos tres por encima de los 100 millones
Cumple la mitad
Cumple la mitadDías antes de que Hacienda anunciase su nueva estrategia para que los ayuntamientos puedan gastar parte de su superávit, expertos en administración local urgían al Gobierno a liberar a los municipios del corsé de la regla de gasto. Casi el 54% de los municipios de la comunidad cumplen el techo de gasto marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 16,2 puntos por debajo de la media nacional (70%), según el informe de economistas de la Red Localis.
Ante el aumento del gasto que conllevará la crisis derivada de la pandemia, los analistas calificaban de "aconsejable" flexibilizar la normativa sobre estabilidad presupuestaria, un elemento que busca conseguir que los ayuntamientos cierren cada ejercicio con un equilibrio entre ingresos y gastos (evitando situaciones de déficit crónico), y del techo de gasto (para evitar que aumenten sus presupuestos en situaciones de crecimiento económico).
