Acorralado por ediles de su propio grupo tras el escrito firmado y presentado en Fiscalía por cinco de sus siete concejales, para que investigue, entre otras cuestiones, el destino de las aportaciones oficiales que se dieron desde Diputación y Concello al grupo de DO entre 2015 y 2019, y de las que dicen no rindió cuentas, Gonzalo Pérez Jácome se enfrenta ahora a su peor momento como alcalde de Ourense y como presidente de DO.
Ediles críticos y asesores siguen soltando lastre, y afirman que "tenemos constancia de que algunos asesores estuvieron aportando como donación "no voluntaria" al partido hasta el 50% de su sueldo, con lo que algunos perciben al final sueldos de 800 euros o menos.".
Dicen que "constan incluso wasaps en los que cuando esos asesores cobraban su paga extra de Concello o Diputación les pedía todavía más, alegando que el partido no tenía dinero. Nunca había dinero suficiente".
Jácome volvía a insistir en que el modelo de financiación que utiliza DO a través de aportaciones de afiliados cargos del partido es "legal" en contraposición con las "mordidas ilegales" señaló, que se producen cuando es una empresa o proveedor de la administración pública, el que aporta dinero a un partido para luego sacar contratos de la administración
