El aceite usado de los coches y motocicletas es un arma mortífera contra el medio ambiente si no se trata de forma adecuada, generando la presencia de gases tóxicos en el aire o metales pasados en la tierra. Un litro, por ejemplo, puede contaminar un millón de litros de agua, según advierte Sigaus, el sistema de gestión de aceites industriales usados en España. Deshacerse de estas sustancias erróneamente supone en Galicia arriesgarse a multas de hasta dos millones de euros, aunque tras tres años de incrementos continuados de las sanciones, las denuncias se redujeron un 27% a lo largo de 2019. La Policía Autonómica notificó 1.436 infracciones, 541 menos que un año antes.

Una de las tareas que desarrolla este cuerpo adscrito a la comunidad de la Policía Nacional se refiere a la inspección y control de "los talleres de reparación de automoción principalmente y otras pequeñas industrias o establecimientos de residuos contaminantes", como aceites, plásticos, pilas, baterías, neumáticos?

El sector de los talleres está obligado a entregar estos residuos a un gestor especializado desde 2002, explica José Manuel Rodríguez, presidente de ATRA (Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra), pero en algunos casos se saltan la normativa para ahorrar costes. Al menos así se deduce de las actuaciones realizadas por la Policía Autonómica en los últimos años mediante inspecciones en las que analiza los libros oficiales de entrega de estos desechos, supervisa sus lugares de almacenamiento y coteja plazos de entrega de los materiales.

Tras realizar 947 inspecciones el año pasado, impuso 1.436 denuncias tras las 1.021 y 1.977, respectivamente, del ejercicio previo. Las inspecciones de 2019 se sitúan en el punto más bajo desde 2012, mientras que las denuncias superan el nivel de 2016. En el primer caso, el cuerpo realizó 1.213 en 2017, 1.415 en 2016, 1.471 en 2015, 1.419 en 2014, 1.252 en 2013 y 2.150 en 2012 Tras esas pesquisas impuso cada año las siguientes denuncias: 1.680, 1.329, 814, 1.589, 1.090 y 1.110, según datos de la Policía Autonómica.

La Vicepresidencia de la Xunta, de la que dependen los agentes, vinculan el descenso de denuncias del año pasado precisamente a "la fuerte campaña de inspecciones de los años anteriores", que motivaron que los talleres sorprendidos con irregularidades en su gestión de residuos se adaptasen a la normativa y esquivasen así las multas, que pueden proceden bien de la Consellería de Medio Ambiente, bien del departamento de Economía e Industria, bien de cada concello.

La legislación de residuos gallega establece sanciones de hasta 2 millones de euros por dañar el medio ambiente mediante productos contaminantes.

Los negocios ilegales

José Manuel Rodríguez, de ATRA, vincula las sanciones con una minoría de establecimientos ilegales, al destacar el sistema de recogida integral de los residuos de los talleres, fundamentalmente los aceites, que, al ser industriales, no van al punto limpio al que deben destinar los ciudadanos los de uso doméstico.

Pese a las inspecciones policiales, Rodríguez denuncia que "sigue habiendo mucho taller clandestino", con casos reiterados. Prevé un crecimiento si la crisis causada por el coronavirus se prolonga.