La familia Franco recurrirá la sentencia dada a conocer este miércoles por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que ordena la devolución del Pazo de Meirás al Estado, al que declara propietario del inmueble.

Según su abogado, Luis Felipe Utrera, la resolución adolece de errores y evita rebatir los argumentos fundamentales esgrimidos por la familia del dictador para retener la posesión. No obstante, entiende que los Franco no deben abandonar el inmueble hasta que haya una resolución judicial firme. El letrado ha señalado su intención de recurrir pese a admitir que aún le falta realizar un estudio pormenorizado de la resolución, que tiene 400 páginas, y que además de ordenar la devolución del pazo dictamina que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

"Desde el punto de vista jurídico, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia, que a falta de una lectura en profundidad parece que evita rebatir los argumentos fundamentales de la contestación a la demanda -ha afirmado el abogado-. A veces uno piensa que ni siquiera se ha leído la contestación a la demanda." A su juicio, la resolución es "técnicamente deficiente".

Utrera también critica que la resolución dé por probados todos los hechos contenidos en un libro sobre el Pazo de Meirás escrito dos militantes del Bloque Nacionalista Gallego que declararon claramente su antifranquismo. "Evidentemente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho", ha añadido.

El letrado ha dicho sentirse "muy decepcionado" porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable "pero no ha sido así", según ha manifestado, para añadir que la familia no se esperaba esta respuesta por parte de la Justicia.

Según Utrera, el Estado siempre ha considerado el pazo como propiedad suya,"cuando todos los españoles o la mayor parte, o los que no están contaminados políticamente saben que no ha sido así".

Ha apuntado que cuando la propiedad fue destruida en el año 78, el Estado se olvidó totalmente de ella, y Meirás fue reconstruido por Carmen Franco. "En ese momento no se acordó que era suyo", ha señalado, tras recordar que el Concello de A Coruña le cobró quinientas mil pesetas a doña Carmen Polo por la extinción del incendio.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.