El Gobierno quiere evitar una derrota parlamentaria que eche al traste su decreto para permitir que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros y gocen de mayor libertad para gastar recursos y luchar contra la crisis económica y social derivada de la pandemia de Covid-19. Para ello, el Ministerio de Hacienda pidió ayer a los partidos, que no apoyan su propuesta (ni siquiera Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo), el aval a una parte de sus propuestas, como congelar la regla de gasto en 2021, y debatir cambios en el modo del uso de los remanentes locales en el Congreso.

Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pactaron en agosto una novedosa fórmula para esquivar las restricciones legales aprobadas durante la pasada crisis financiera y hallar una vía que permita a las entidades locales gastar 14.000 de los 26.000 millones de euros que mantienen en los bancos, algo que "les cuesta dinero" al estar los tipos bancarios en negativo (la ministra María Jesús Montero lo situó en 70 millones al año).

El método consiste en que los municipios que así lo quieran cedan sus ahorros al Gobierno central y este se los devuelva anualmente durante diez año., A mayores, distribuiría 5.000 millones entre los participantes, se comprometería a renovar la financiación municipal, aportaría un fondo para transporte y eliminaría la regla de gasto para 2021 en los próximos presupuestos (no gastar más que la previsión de crecimiento económico), al igual que este año.

El PSOE sacó adelante el acuerdo en el FEMP en solitario. El decreto fue aprobado por el Gobierno central, pero ahora debe ser refrendado en las Cortes, donde carece de mayoría.

Para tratar de persuadir a todo el arco parlamentario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apostó ayer por trocear el acuerdo y aprobar ya las partes que generan consenso, aparcando la aplicación del resto hasta sellar un acuerdo.

"El Gobierno estará encantado de escuchar sugerencias y el compromiso será no implementarlo -el decreto ley ya aprobado en el Consejo de Ministros- hasta que el Congreso lo ratifique", expuso ayer la también portavoz del Ejecutivo central, que apostó por tramitar la norma como un proyecto de ley, si bien criticó a los partidos que desdeñan su propuesta y rechazó tildarla de "confiscación" y "robo" de fondos locales.

"Nadie roba nada. El Gobierno no necesita esos fondos y no puede usarlos", añadió antes de pedir que se respete el acuerdo en el seno de la FEMP. Que no se acuerde por unanimidad, dijo, no lo convierte en ilegítimo. "Representa a la mayoría", sostuvo durante su comparecencia en el Congreso.

Montero alegó que la vía hallada es la "única" que se le ha ocurrido a Hacienda para sortear los corsés normativos aprobados durante el gobierno de Mariano Rajoy. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impide gastar los ahorros porque ese desembolso computaría como déficit, al superar los ingresos. Y la reforma exprés de la Constitución pactada por PP y PSOE obliga a que los municipios cuadren sus números, si bien permite un gasto limitado del superávit.

"El mecanismo que diseñamos pretende ir más allá", defendió la ministra de Hacienda, que aseguró que con el sistema actual los ayuntamientos solo podrían gastar 1.000 millones y no 5.000.

El PSOE se quedó solo en el apoyo a la medida, que los populares compararon con unos padres "asaltando la hucha de los hijos". Unidas Podemos, PNV y Compromís pidieron desligar el reparto de 5.0000 millones de la cesión de ahorros y el BNG abogó por anular la Ley Montoro de 2012.

La propuesta del Gobierno supondría para los ayuntamientos gallegos un reparto de 392 millones, según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.