La escalada de contagios por Covid-19 y la incertidumbre sobre cómo se organizará el próximo curso escolar aumentan la preocupación de padres y profesores sobre las condiciones en las que los niños deben retornar a las aulas. Pero, de momento, ni Xunta ni Ministerio de Educación planean cambios de calado ni en el calendario escolar, ni en la presencialidad de las clases y tampoco en las ratios de alumnos por profesor. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazó ayer retrasar el inicio del curso pese a reconocer "que puede haber brotes y eso supondrá gestionar entradas y salidas o activar y desactivar una clase". "Creemos que debemos iniciar el curso en septiembre o, por lo menos, intentarlo", añadió.

Su postura coincide con la del Ministerio de Educación, que ayer insistió en que el acuerdo para la "vuelta al cole" suscrito el pasado mes de junio con las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y País Vasco, sigue vigente. Ello implica que el curso comenzará "en las fechas habituales del mes de septiembre y con la presencialidad como principio general".

Eso sí, los detalles del retorno a las aulas todavía están sin definir y pendientes de varias reuniones entre el Gobierno y las comunidades. Primero, este martes 25 de agosto, habrá un encuentro técnico entre el secretario de Estado, Alejandro Tiana, y los números dos de las consejerías de Educación. El próximo jueves 27 de agosto será el turno de los consejeros y los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial. Aún está pendiente fijar la fecha de la Conferencia de Presidentes monográfica sobre este tema.

Por lo tanto, el protocolo de inicio del curso escolar de la Xunta tampoco es definitivo. La versión final dependerá de los cambios acordados con el ministerio. Además, el comité clínico de expertos del Gobierno gallego se reúne mañana para retocar el plan. Entre otras cosas, se incorporará la obligación de usar mascarilla.

Feijóo avanzó que "la última redacción del protocolo se conocerá el día 7 de septiembre", solo tres días antes de que los alumnos de Infantil y Primaria vuelvan a las aulas. "A partir de ese día daremos muchísima información a los padres y a los profesores; lo que queremos es no perder el tiempo y decir una cosa para acabar matizándola y actualizándola, por lo que cuando tengamos el protocolo definitivo lo trasladaremos de inmediato", explicó.

Una de las directrices que está en cuestión es la ratio de alumnos por aula. En Galicia se sitúa en 25 estudiantes, lo que para profesores y ANPAs no garantiza la protección de los niños contra el virus. También la oposición critica que no se haya rebajado el número de escolares por clase.

"La Xunta debe aplicar las máximas garantías sanitarias, lo que requiere un menor número de alumnado por aula, pero sabemos que hay muchas aulas vacías en cualquier centro y solo habría que hacer actuaciones muy concretas en algunas zonas", denunció ayer la portavoz nacionalista, Ana Pontón.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó una "apuesta fuerte" por iniciar el curso escolar "con espacios que permitan tener distancias de seguridad reduciendo el ratio y ampliando las aulas, como se hizo en otros lugares".

La Generalitat de Cataluña acordó rebajar el ratio de alumnos por aula a 20. También en la Comunidad de Madrid fijaron menos de veinte niños en clase en la etapa de Primaria. Sin embargo, Feijóo defiende que la ratio en Galicia de 25 niños por aula es "muy razonable". "Estamos estudiando colegio por colegio si puede haber clases de 22, 23 o 24 alumnos, pero puede haber problemas físicos sobre todo en las ciudades, donde los centros no se pueden expandir al colindar con otros edificios", justificó.

Ante el descontento con las medidas anunciadas para evitar contagios en los colegios, algunos padres han planteado que no llevarán a sus hijos al colegio si no son seguros. El Ministerio de Educación recordó a las familias que la escolarización en España es obligatoria de los 6 a los 16 años. El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie), Jesús Marrodán, avisó ayer de que "no llevar a los hijos al colegio de forma preventiva y por decisión propia" no está recogido en el ordenamiento jurídico español y que, por tanto, podría aplicarse el protocolo de absentismo y actuar los Servicios Sociales y hasta la Fiscalía.

La disparidad de medidas adoptadas por las comunidades en relación al protocolo de inicio del curso escolar es otro motivo de preocupación para la comunidad educativa. El Ministerio de Educación descargó ayer en las comunidades educativas el peso de la vuelta al colegio al asegurar que son las autonomías las que tienen la competencia en exclusiva. Sin embargo, cada vez son más las comunidades que reclaman que exista un protocolo único para que no haya "17 vueltas al cole distintas".

El presidente de la Xunta volvió a reiterar ayer al Gobierno su demanda. "Llevamos mucho tiempo solicitando al Gobierno central que siente en la mesa a las comunidades autónomas y que lidere la inevitable coordinación para el inicio del curso escolar". "Así lo hemos planteado en muchas Conferencias de Presidentes y se nos dijo que tendríamos un protocolo unitario listo la última semana de agosto a más tardar; lo cierto es que no lo tenemos", lamentó.

También la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, apeló a la coordinación y el consenso entre las autonomías y también entre los departamentos de Educación y Sanidad para conseguir un "equilibrio" entre criterios a la hora de abordar la vuelta al colegio y la lucha contra la pandemia de la Covid-19. En esta demanda coinciden Andalucía o Murcia que ya habían trasladado al Ministerio de Educación su demanda para que fijara unos criterios comunes en el retorno a las aulas.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, advierte que la situación actual "supera con creces el marco competencial que tienen las comunidades". En su opinión, al delegar el peso de la vuelta al colegio en las comunidades se evidencia la falta de "liderazgo" del Gobierno y de la ministra de Educación, Isabel Celáa. Por ello, insistió en la importancia de un "curso escolar coordinado con el ámbito sanitario y educativo" ya que se trata, a su juicio, de "evitar una crisis de salud publica".

A esta demanda de un protocolo único se ha sumado el sindicato de docentes de la enseñanza pública ANPE, que ayer reclamó una actuación "unificada"a frente al Covid-19 en todo el Estado, con el objetivo de evitar la "disparidad de criterios adoptados por las diferentes comunidades autónomas". Este sindicato cree además que "la reunión de los ministros de Sanidad y Educación y Formación Profesional con los consejeros de Educación llega tarde. "En ningún caso debería celebrarse a solo una semana antes del inicio del curso", lamentan.