El Tribunal Supremo ha anulado el artículo que regula la obligación de informar al Ministerio de Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Airbnb Irlanda. En Galicia, se han dado de alta más de 10.000 pisos turísticos, con una oferta que roza las 60.000 plazas.
El Alto tribunal deja así sin efecto la norma española de 2017, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo, admitiendo el recurso de la Asociación española de la Economía Digital (Adigital).
El Supremo aplica una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2019, que especificaba que una norma de ese tipo "debía haber sido notificada, por lo que su falta de notificación conlleva su invalidez". Para el alto tribunal, "los términos de la sentencia del TJUE son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información".
