Tercera jornada del juicio para dirimir la titularidad del pazo de Meirás. Los protagonistas de ayer fueron los expertos a los que la Xuntaen que funda su reivindicación de que el inmueble es patrimonio público por su uso como residencia oficial, mantenida con fondos del Estado durante toda la dictadura. Uno de los declarantes, el catedrático en Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela José Manuel Busto Lago puso en entredicho uno de los pilares en que basan los descendientes del militar golpista su derecho a poseer el inmueble, en concreto, el hecho, todavía controvertido, de que Franco hubiese pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Este experto en derecho matizó que no había pruebas de que el dictador pagase realmente el impuesto, solamente de que los recibos se giraban a su nombre dado que era el titular catastral e incidió en que, aunque Franco hubiese pagado la contribución, no le daría derecho a arrogarse la propiedad de un inmueble que fue mantenido con fondos públicos durante toda la dictadura. Apeló a diversa jurisprudencia que desmonta que los titulares catastrales y pagadores del IBI tuviesen derecho simplemente por ese motivo a detentar una propiedad y apeló concretamente a una sentencia de 1998 del Tribunal Supremo relativa al castillo de la Muela que desmontaría ese argumento. "Es muy ilustrativa", afirmó.

El catedrático de Derecho Civil se mantuvo firme en la tesis que él y otros expertos defendían en el informe solicitado por la Xunta: el Estado adquirió el pazo por usucapión extraordinaria (que requiere un plazo de 30 años) dado que hay pruebas documentales de que el inmueble se mantuvo con fondos públicos durante toda la dictadura. Es más, este experto considera que el propio Franco habría admitido de forma tácita que el pazo era patrimonio estatal al no haber considerado necesario autorizar las obras que el Estado realizó durante toda la dictadura en la propiedad y que iban mucho más allá de las dirigidas a garantizar la seguridad del jefe de Estado e incluían reformas en todas las dependencias, incluida la capilla, así como mejoras de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y obras de puro ornato.

Como el resto de los peritos e historiadores, Busto Lago afirmó que el tratamiento que el Estado dio al pazo de Meirás fue idéntico al Palacio del Pardo. Este experto matizó además que la que demanda se limita únicamente a las fincas sobre las que se levantan As Torres y no a las que acogía la explotación agropecuaria cuyos rendimientos, según los Franco, habrían sido tributados por el dictador.

La vista acogió también la declaración de un historiador que participó en la redacción del informe de expertos de la Xunta, Emilio Grandío. Este investigador, catedrático de Historia Contemporánea, abundó en la tesis mantenida por sus compañeros de profesión durante la jornada anterior: la imposibilidad de distinguir entre la esfera pública y la privada en una dictadura. "Franco era la personificación del Estado", resumió este historiador, tras insistir de forma reiterada los abogados de los herederos del dictador en que el inmueble había sido cedido a Franco a título particular. Emilio Grandío replicó que en todos los documentos se especificaba que se donaba el inmueble a Francisco Franco en calidad de "Generalísimo y Jefe del Estado". "Insisto, la mezcla entre lo público y lo privado era absolutamente notoria, basta recordar que se denominaba franquista", recalcó.

Este historiador afirmó también que el pazo se adquirió mediante donaciones forzosas y aportaciones de los ayuntamientos.

Los abogados de los Franco replicaron que el carácter coactivo de las aportaciones "es irrelevante" en la causa, aunque insistieron de nuevo en que pudo haber personas que participasen en la cuestación de forma voluntaria, incluso "entusiasta", y preguntaron al historiador si existían datos que estableciesen qué porcentaje de las aportaciones fueron forzosas.

Los abogados de los demandados cuestionaron también la labor de investigación de los peritos historiadores por ignorar si Franco pagaba el IBI y las pólizas de seguro y tacharon por supuesta parcialidad a los peritos que integraban la comisión de expertos de la Xunta.