La epidemia del Covid-19 trastocó hace tres meses el calendario electoral de Galicia, aplazando la cita con las urnas para escoger un nuevo Gobierno autonómico, y ahora amaga con volver a sentar un extraño precedente judicial en la historia de la democracia. El rebrote en la comarca de A Mariña, confinada hasta dos días antes del 12J, vuelve a enfrentar el derecho fundamental del sufragio universal con la protección de la salud pública, con representantes políticos que hablan de suspender los comicios en los catorce concellos lucenses afectados. Una maniobra que, según juristas, tiene un difícil encaje legal y deja un escenario lleno de dudas: el posible aplazamiento para cerca de 70 mil electores.

Así lo ven el catedrático de Derecho Constitucional de la USC, Carlos Ruiz, y su homóloga de Administrativo de la misma universidad, Alba Nogueira, que no creen que haya margen dentro de la ley para impedir los comicios en A Mariña. Ambos parten de la base de que la decisión de abril ya fue "anómala" e incluso "alegal" y, precisamente por ello, ven difícil que pueda darse para una parte de los ciudadanos.

"Sin el recuento de todos los votos no podría haber designación de los parlamentarios", expresa Ruiz sobre dejar sin votar a los confinados. Incluso dándoles una nueva fecha cree que habría problemas judiciales: "se supone que si se aplaza la votación para ellos se produce una distorsión porque pueden haber conocido los resultados".

En los mismos términos se expresa Nogueira, exmiembro de la Junta Electoral de Galicia. "Imaginemos que se celebran a posteriori, pero sabiendo los resultados del resto del territorio. Esto incurriría en una alteración del voto" para un "porcentaje demasiado elevado de electores, significativo para dar un Gobierno". La experta en Administrativo recuerda cómo el Estado trata de evitarlo en las elecciones generales, cuando se espera a Canarias para empezar a dar los sondeos. "No tiene fácil solución. De no dar los datos en la noche electoral, los interventores podrían filtrar los resultados", teme.

Son reparos a los que Nogueira añade la modificación del propio proceso electoral. "La suspensión del voto tiene que estar en ley orgánica y depende del Estado," aunque dados los "precedentes" no le sorprendería que el presidente de la Xunta pudiese solicitarlo, pese a ser "una trapallada" judicial.

Al margen de en quién recaería la decisión de suspender las elecciones, sobre lo que no dudan ambos juristas es en que no existe órgano con poder para impedir a un contagiado abandonar su confinamiento para ejercer su derecho al voto, en contra de lo anunciado por el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña. "Todos los positivos por Covid-19 pueden ir a votar", asegura Ruiz., ya sea en Burela o Vigo, e insiste en que "no hay mecanismo que pueda privar del derecho al sufragio". "Menos con una orden de una Consellería", completa ella.

"Lo que puede suceder es que la policía sancione al contagiado, pero este podría recurrir y el asunto acabaría ante un juez", augura la profesora. La única fórmula para que la Xunta pueda confinar los votos de los positivos, coinciden, es solicitando una "autorización judicial" que "incapacite individuo a individuo, pero no inhabilite colectivamente". Mucho "más sencillo" sería establecer un horario para los casos de Covid y garantizar la salud de los miembros de las mesas con equipos de protección, concluye Carlos Ruiz.