01 de julio de 2020
01.07.2020
Faro de Vigo

Los concellos rebajan la deuda a 223 millones y mejoran su salud financiera

Las obligaciones contraídas con los bancos se redujeron el pasado año en 28 millones - A Coruña, el municipio más endeudado

01.07.2020 | 01:48
Sede del Concello de A Coruña.

Los concellos gallegos han cerrado el pasado año con otro dato que refuerza, con carácter general, su buena salud financiera. Rebajaron en 28 millones de euros su deuda con la banca para dejarla en 223, lo que significa un 60% menos que la cifra de 2015, cuando por entonces debían 584 millones a los bancos. Desde ese ejercicio, la cifra ha ido mermando, llegando a los 251 en 2018 y ahora caer a 223.

Este indicador del saneamiento de sus cuentas se suma al que por octavo año consecutivo, las entidades locales, tanto las gallegas como las del resto de España, han liquidado sus cuentas con superávit, lo que supone cuadrar los presupuestos con más ingresos que gastos.

No obstante, hay grandes diferencias entre los municipios. No todos pueden presumir de mantener a raya su deuda. La mayoría no tiene obligaciones con la banca, pero entre los que las tienen, sí que hay grandes saltos, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Hacienda.

A la cabeza figura el Concello de A Coruña, con 47,56 millones de euros, un poco más que los registrados en 2018. Es, con diferencia, la entidad local con mayor volumen de obligaciones pendientes con la banca. En segundo lugar aparece otro concello coruñés, Miño, con 13,9 millones. Le siguen Viveiro (10,1), Ferrol (8,9), Cangas (7), Santiago (6,9) y con más de 5 millones aparecen Vilanova de Arousa, Pontevedra, Poio, Mos y O Grove.

Como contrapunto, en dos de las siete ciudades la deuda es prácticamente inexistente. En Vigo apenas supera los 112.000 euros, mientras que en Ourense es de solo 54.000 euros. En medio de unas y otras figura Lugo, con 1,2 millones, según los datos de Hacienda.

Los concellos están sometidos a un estricto control financiero por parte del ministerio, establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy tras llegar a la Moncloa en 2011. En plena crisis y con el fantasma de la intervención de la economía española, el Ejecutivo decidió recortar drásticamente el gasto público ante el desplome de los ingresos y así tratar de frenar el déficit y el aumento de deuda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 obligó a las administraciones a cuadrar sus cuentas, priorizando el pago de deuda y limitando el aumento de inversión.

En caso de superávit, los concellos deben ajustarse a múltiples restricciones para reinvertir sus fondos, regulación que aún persiste. De hecho, la FEMP reclama constantemente al Gobierno que relaje las reglas para poder gastarlo y dedicarlo a la recuperación tras la crisis sanitaria, como el lunes planteó Abel Caballero a Pedro Sánchez. No obstante, Hacienda no ha dado respuesta aún. La ministra, María Jesús Montero, reivindicó ayer el diálogo que mantiene el Gobierno con la FEMP para buscar una solución, pero evitó pronunciarse expresamente sobre la demanda de Caballero y de otros alcaldes socialistas.

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