Cada vez más conflictos entre propietarios e inquilinos acaban en los tribunales. Los litigios relacionados con arrendamientos urbanos han experimentado un boom en los últimos años ante el crecimiento del mercado del alquiler. La principal causa de los pleitos son los impagos, la mayoría por atrasos en las rentas de la vivienda y en menor medida por la denegación de prórrogas o cuestiones relacionadas con el incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el contrato. Mientras en el conjunto del país los pleitos por desencuentros entre caseros y arrendadores disminuyeron casi un 3%, pasaron de un total de 15.062 en 2018 a apenas 14.700 el año pasado; en Galicia se dispararon: 593 en 2019 frente a 166 el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 39%, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y en el caso de los asuntos judicializados por impagos del alquiler de la vivienda, también la comunidad gallega rompe la tendencia al a baja en el España: entre las 17 comunidades sumaron 9.355 procesos por este asunto el año pasado, un 8,3% menos; y los juzgados de las cuatro provincias gallegas dictaron 454 sentencias en 2019 por deudas en las mensualidades del piso arrendado -227 en Pontevedra, 152 en A Coruña, 37 en Lugo y 38 en Ourense-, un 47% más que las 309 contabilizadas el año anterior. Del total de pleitos por arrendamientos urbanos en la comunidad, el 84% afectan a viviendas y en concreto el 76,5% corresponde a impago de las rentas.
Con estos datos, Galicia se coloca a la cabeza de las comunidades que más aumentó la litigiosidad relacionada con arrendamientos urbanos, tanto en su conjunto, como en el caso concreto del alquiler de vivienda.
Desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, son cada vez más los ciudadanos que viven en pisos de alquiler. En Galicia, más del 20% de los hogares son en régimen de arrendamiento. La situación económica, la dificultad de acceso a las hipotecas o el cambio de la propia mentalidad han contribuido a este crecimiento del mercado del alquiler: en una década los arrendamientos han crecido más de un 3%, hasta alcanzar los 3,5 millones de viviendas en España (el 18% del total, que en el caso de Galicia ya representa el 20%). La subida de precios y la disminución de la oferta disponible son otros de los inconvenientes que se encuentran a la hora de buscar piso. La oferta de vivienda en alquiler en el conjunto de Galicia baja por primera vez de las 3.300, con el escenario más complejo por la reducción de la oferta, en las ciudades de Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo, principalmente.
En el mapa de conflictos entre caseros e inquilinos, ocho comunidades están marcadas en rojo por el aumento de pleitos por impagos en el arrendamiento de la vivienda, con Galicia en el prime ro puesto del ranking (+47%). Junto con la comunidad gallega, Asturias y La Rioja también destacan en esa tendencia al alza, un 33,7% y 25,5% más que el año anterior, respectivamente. Además sumaron más pleitos que en 2018 Castilla y León (7,7%), Cantabria (7,5%), Navarra (4,7%), Aragón (2,7%) y Andalucía (2,1%).
En el otro extremo de la tabla judicial por deudas en las rentas del piso en arrendamiento, están nueve autonomías que redujeron los procesos judicializados: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y Euskadi.
En cifras absolutas, de los 9.355 litigios en España por deudas contraídas con el propietario de la vivienda en arrendamiento Cataluña es el territorio con más proceso (2.406), seguido de Madrid (1.602) y Andalucía (1.402).
Desde 2012
En Galicia hay que remontarse a 2012 para encontrar un nivel de conflictividad judicial por deudas en el arrendamiento más elevada que la de 2019. Hace ocho años, las sentencias por este tipo de deudas alcanzaron las 476.
Los sucesivos ejercicios no mantuvieron una tendencia constante, con subidas y bajada de recursos en los juzgados de la comunidad. Así, entre 2013 y 2016 se movieron entre los 200 de este último año y los 255 de 2015. En 2017 se pasó de la barrera de los 300, con un total de 318, con una ligero descenso en 2018, con 309 pleitos por impagos del alquiler de vivienda, y finalmente el año pasado con un aumento estrepitoso del 47%.
