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La Xunta flexibiliza las condiciones para que las empresas salden sus deudas con el Igape

Habilita un fondo de 11 millones para que los proyectos empresariales puedan refinanciar sus impagos - Además, amplía de 12 a 25 años el plazo de amortización

Polígono industrial Lalín 2000 antes de la crisis del coronavirus. // Bernabé / Javier Lalín

Devolver un crédito no siempre resulta fácil. Aunque el prestatario sea la Administración autonómica. De hecho, la Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) tenía al cierre del ejercicio pasado 31 millones de euros concedidos con riesgo alto de impago por las dificultades de las empresas, o los avalistas, para satisfacer los reintegros, tratándose incluso de proyectos viables, pero con problemas coyunturales para dotarse de liquidez con la que saldar su deuda. Para echarles una mano, el Igape ha puesto en marcha el pasado mes de abril un programa de ayuda para aliviar las condiciones de devolución de estos préstamos mediante la refinanciación de las deudas, para lo que aporta 11 millones de euros entre este año y 2021, y la ampliación de 12 a 25 años del plazo de amortización. Se busca así un doble objetivo. Por un lado, dar un nuevo empujón a esos proyectos para reforzar su viabilidad. Y por otro, intentar recuperar los créditos, o al menos una parte, de dudoso cobro.

El decreto que permite estas facilidades se publicó a mediados del pasado mes de diciembre, pero fue a finales de abril cuando el Igape aprobó la resolución donde se establecen las bases que permiten a las empresas acudir a este programa de ayuda. No obstante, no se hace referencia alguna a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, cuya inactividad forzada por el estado de alarma ha llevado a muchas firmas a un punto de extrema dificultad, por lo que seguramente el escenario financiero de ahora poco tenga que ver con el que había cuando se redactó el decreto.

"El Igape fue concediendo numerosos préstamos, muchos de los cuales se amortizaron con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios, otros permanecen en vigor, pero otros resultaron con incidencias y dificultades de reintegro", argumenta el principal brazo financiero de la Xunta.

Entre las empresas incapaces de atender las devoluciones figuran proyectos "que pueden ser viables, que mantienen la actividad y los puestos de trabajo, pero cuyos recursos generados resultan insuficientes para cumplir con los plazos de reembolso" y otros cuyos avalistas -bien a título personal o mediante bienes hipotecados- podrían afrontar los pagos si estos se fraccionan o aplazan, "evitando así graves perjuicios personales". "Estas situaciones podrían tener una posibilidad de solución", dice el Igape, por lo que ofrece a empresas y, ahora también, a avalistas la opción de refinanciar sus deudas y alargar el plazo de las obligaciones hasta los 25 años.

Para ello, en este ejercicio dispondrá de 6 millones de euros para la novación de créditos, a los que se sumarán otros 5 el próximo año. Estas facilidades se pueden aplicar a todas las líneas de préstamos del Igape actualmente en vigor.

La norma vigente solo permitía refinanciar a empresas, pero no a quienes actuaron de avalistas. No estaba prevista esta acción que ahora, desde abril, sí es aplicable.

Y en cuanto a la ampliación del plazo de amortización, la Xunta reconoce que "la experiencia de estos últimos años" ha demostrado que ese periodo de 12 años era insuficiente y que no se adaptaba a la capacidad de reembolso de las empresas o a la vida útil de los bienes financiados "lo que resulta imprescindible para que las empresas beneficiarias puedan mantener una estructura financiera equilibrada".

El año pasado el Igape cerró su balance con 172,4 millones comprometidos en préstamos y avales frente a los 229 de 2018. La mejora es de 56,6 millones. Los préstamos suman 116 millones y los avales 56,5, de los que algo más de 31 corren un alto riesgo de impago. En todo caso, este fondo registró una sustancial minoración en 2019, dado que en el año anterior la bolsa considerada de "riesgo" superaba los 54 millones de euros.

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