El Gobierno vasco ha lanzado su ofensiva para lograr apoyo político a la celebración en julio de elecciones autonómicas, cita prevista el pasado día 5 y aplazada por la declaración del estado de alarma para contener la pandemia de Covid-19. Alerta que esperar al otoño elevará el riesgo de que se produzca un nuevo brote del coronavirus que obligue a posponer la cita hasta la próxima primavera o el siguiente verano, generando una provisionalidad política que dificultará la gestión de la crisis. Esa iniciativa eleva la presión sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que copie de nuevo el calendario vasco, como hizo el pasado febrero, en 2016 y en 2012.
El dirigente gallego insiste en esquivar un debate electoral, que "no está en la agenda". La prioridad, alega, es combatir la pandemia y solo abordará la cuestión cuando esta esté bajo control y se desactive el estado de alarma, vigente de momento hasta el 9 de mayo. Sin embargo, no ha descartado ninguna opción y se ha limitado a asegurar que consultará con la oposición antes de decidir, si bien la convocatoria electoral es su competencia exclusiva.
Como sucedió en febrero y en los dos comicios anteriores -en 2009 coincidieron sin haber adelantado la cita-, Euskadi puede arrastrar a Galicia. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha convocado a los partidos vascos a una reunión el jueves para abordar el "mayor problema" político que tienen sobre la mesa.
El portavoz de su gobierno, Josu Erkoreka, puso ayer las cartas boca arriba: quieren elecciones en julio. "La mesa de partidos va a ser para dar respuesta al mayor problema que tenemos encima de la mesa desde el punto de vista político. Una opción es hacerlas en julio, y la otra es no hacerlas en julio y, si la situación se tuerce, tener que prolongar esta anómala situación hasta que se descubra la vacuna, quizá hasta la próxima primavera o verano", resumió en ETB1.
Defendió celebrarlas lo antes posible para garantizar un gobierno con todas sus atribuciones en caso de una segunda ola del virus y con la posibilidad de aprobar unos presupuestos autonómicos adaptados a la situación de crisis sanitaria, social y económica, aprovechando el debilitamiento del Covid-19. "Según los expertos, julio puede ser el mes más bajo en cuanto a peligro de contagiosidad", expuso antes de alertar: "A partir de septiembre las cosas pueden empeorar, tenemos pendiente la decisión de definir cuándo hacer las elecciones". En ese sentido, advirtió a los partidos vascos si se oponen: "Luego no vale reprochárselo al lehendakari". Aun así, la competencia de convocar comicios es del presidente.
El calendario aprieta. Los comicios en Galicia deben celebrarse entre 54 y 60 días después de la convocatoria. El margen para llamar a las urnas el último domingo de julio (26) expira el 2 de junio. En ese contexto, está por ver el impacto del temor al virus sobre la abstención y su efecto en los resultados.
Los movimientos vascos han reactivado el debate en Galicia, aunque el PP trató ayer de enfriarlo mientras la oposición de PSdeG, En Común, BNG y En Marea se quejó de la falta de control a la Xunta por la disolución de la Cámara. El portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, expuso que abordar esa cuestión "solo introduce ruido" y discutir sobre fechas resulta precipitado, aunque "ojalá", dijo, la evolución de la pandemia permita debatirlo dentro de un mes.
El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, instó a Feijóo a "aclarar" el calendario electoral y a evitar oportunismos gracias a la debilidad de la oposición por la disolución del Parlamento. "Tiene una estrategia electoral", aseguró el socialista sobre el presidente de la Xunta, al que lo que "más preocupa es el escenario electoral en clave de partido".
En Común y BNG se mostraron menos contundentes y centraron sus mensajes en la reactivación del Parlamento. El candidato de la coalición, Antón Gómez-Reino, recordó a Feijóo que está al frente de "un gobierno caducado, de alguna forma interino" después de la convocatoria frustrada del 5-M. Ana Pontón (Bloque) abogó por reactivar la Cámara y el control al Ejecutivo.
