Todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Galicia ya pueden celebrar sesiones plenarias y adoptar acuerdos a partir de medios electrónicos desde esta semana. Se trata de una medida aprobada por el Consejo de Ministros, según comunicó ayer el delegado del Gobierno en la comunidad, Javier Losada.

El delegado del Gobierno en Galicia pone de relieve que se trata de una propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que fue aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros. La norma supone la modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, para facilitar el funcionamiento ordinario y democrático de estas entidades en el contexto de estado de alarma y de pandemia actuales. La Administración considera que su colaboración es "clave" para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas y la atención de toda la población.

Para facilitar que se puedan realizar reuniones de órganos colegiados, tales como plenos o comisiones, de forma telemática, se ha añadido un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley, que dice lo siguiente: "Cuando concurran situaciones expecionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones, estos podrán constituirse, celebrar sesiones, adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre y cuando sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad".

"Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso", continúa el escrito.

También se describen los medios electrónicos considerados válidos (audioconferencias y videoconferencias). Deben garantizar adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación, la validez del debate y la votación de los acuerdos que se adopten. De esta manera, se mantiene la seguridad democrática de los municipios.