Los ayuntamientos gallegos afrontan la crisis causada por el Covid-19 en una situación económica envidiada por el resto de administraciones. El año pasado constituye el octavo ejercicio consecutivo de superávit y gran parte de la responsabilidad de esos números recae en la recaudación fiscal, que batió récords superando por primera vez en Galicia la barrera de los 800 millones de euros. En concreto, los ingresos efectivos de los 313 municipios de la comunidad rozaron los 840, 71 más que a finales de 2018, lo que constituye un crecimiento del 9,2%.
Estas cifras constan en los balances de ejecución presupuestaria de las entidades municipales correspondientes al último trimestre del año. En esa radiografía de sus finanzas, los ayuntamientos -sin contar las diputaciones- muestran el vigor de su recaudación por la vía impositiva, tanto directa (el impuesto de bienes inmuebles, las plusvalías, el de circulación o el relativo a actividades económicas), como indirecta (las licencias de obra o la pequeña participación del IVA). El primer capítulo le reportó a los concellos 779,6 millones, mientras que el segundo aportó 58,3, según los datos del Ministerio de Hacienda.
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Su suma constituye una cifra inédita en Galicia. La recaudación fiscal municipal sumó 766,7 millones en 2017, por 790,2 en 2017, 773 en 2016, 747 en 2015, 745 en 2014, 721 en 2013, casi 695 en 2012, 664 en 2011, 652 en 2010, 705 en 2009 y 691 en 2008, de acuerdo con las liquidaciones de cada ejercicio.
Estas cifras se refieren a los impuestos realmente cobrados por los consistorios y no al global de derechos de cobro del ejercicio, pues muchos de ellos acaban cobrándose mucho más tarde o no se cobran por insolvencia del deudor. De hecho, en 2018, los municipios gallegos sumaban 455 millones de deudas de dudoso cobro en sus balances.
Los saldos entre lo realmente recaudado y lo desembolsado son negativos, de 42 millones en 2018 y 83 el ejercicio pasado, derivado de la tardanza en el ingreso de algunas partidas, pues el saldo general es positivo en 133 y 37 millones, respectivamente. En este terreno, las cifras están afectadas por los problemas entre el Ministerio de Hacienda y las administraciones autonómicas y municipales a cuenta de los ingresos del IVA de diciembre de 2017, retenido por el Gobierno central, y la actualización de las entregas a cuenta, que se realizó el último día hábil del año pasado.
La salud financiera municipal, sin embargo, es robusta y los concellos estiman que el balance global del año pasado es de 120 millones de euros de excedente, superávit que a nivel estatal alcanza los 5.000.
Sin embargo, el Gobierno ha intervenido parcialmente esos fondos, limitando las inversiones vinculadas al superávit ("financieramente sostenibles") a un máximo del 20%. Se trata de una estrategia para que la administración general pueda recurrir al 80% restante (4.000 millones a nivel estatal y 96 en Galicia) para afrontar los costes de la crisis económica y social causada por el Covid-19.
