02 de abril de 2020
02.04.2020
Faro de Vigo
Reordenamiento de los recuros públicos contra la pandemia

El Gobierno se apropia de fondos de empleo de las autonomías: Galicia pierde 100 millones

-El Ejecutivo logra 1.300 millones para sufragar el coste del "escudo social" contra el Covid-19 - La Xunta critica una medida que le retira dinero utilizado para ayudas a parados o cursos

02.04.2020 | 00:56
Conde, ayer durante la conferencia sectorial de empleo celebrada por videoconferencia. // FDV

El "escudo social" que el Gobierno central quiere poner en marcha para paliar los daños económicos causados por la pandemia del Covid-19 alcanza unas dimensiones para las que sus actuales recursos son insuficientes. Por ello, debe exprimir cada euro público. En esa línea se enmarca su decisión de apropiarse de más de 1.300 millones de euros -100 correspondientes a Galicia- que este año recibirían las autonomías para formación laboral, recursos con los que pagará parte de las prestaciones anunciadas hace dos días. En Galicia ese dinero se usa, entre otras cuestiones, para abonar las dietas de los parados asistentes a cursos o ayudas para formar empleados.

El real decreto 11/2020 incorpora la prohibición de los desahucios, blinda los contratos de alquiler y ofrece microcréditos y ayudas de 900 euros, plan con un coste de 700 millones, a los que se sumarán subsidios para empleadas del hogar y ayudas de 430 euros para empleados temporales cuyo contrato venza durante el estado de alarma y que carezcan de derecho a una prestación. Para asumir esas y otras medidas, el Gobierno necesita dinero con urgencia.

Esa norma incorporaba un precepto para que el Ejecutivo se adjudicase 2.400 millones para políticas de empleo autonómicas, aunque las quejas de las comunidades provocaron que finalmente el Ministerio de Trabajo aceptase mantener el reparto de 1.048 millones para políticas activas de empleo (Galicia recibirá 81) y se quedase con más de 1.300 para formación. Eso sí, el reparto de estos últimos queda condicionado al cierre del ejercicio y sus necesidades.

El dinero que detraerá Trabajo se refiere a las cuotas de formación profesional procedentes del 0,7% de cada nómina (0,1% aportado por el trabajador y 0,6%, por la empresa). Las cuentas estatales prevén que no se destinen a otro fin, pero ese blindaje salta ahora por los aires. "Dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se procede a cambiar dicha afectación", por lo que el Gobierno permite que "los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo", establece el decreto del martes.

Rebelión autonómica

La Xunta criticó la medida y acusó al Gobierno de actuar de forma unilateral, rompiendo "cualquier tipo de diálogo". "El Gobierno rompe las oportunidades para que Galicia y su tejido productivo puedan salir de esta situación en mejores condiciones desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social", se quejó ayer el conselleiro de Economía, Francisco Conde, tras la conferencia sectorial. Estas quejas son suscritas Cataluña, Euskadi, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) también lamentó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez porque supone eliminar "medidas que con toda seguridad serán más necesarias que nunca para reactivar la economía".

Por otro lado, Galicia disparó de 19 días en diciembre a 35,3 en enero su período medio de pago a proveedores, incumpliendo así el límite legal de 30 jornadas. La Consellería de Facenda achacó este retraso al "retraso en los pagos del sistema de financiación autonómica", unido a las tensiones de tesorería por los 200 millones pendientes del IVA de 2017. Andalucía, Canarias, Euskadi y La Rioja sí cumplieron los plazos legales.

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