Las arcas municipales son las que mejor salud financiera presentan en las administraciones estatales, pues el año pasado cerraron su octavo ejercicio presupuestario consecutivo de superávit. Sin embargo, la crisis causada por el coronavirus ha sorprendido a más de cuatro de cada diez concellos gallegos -al menos 129, pues 60 no han enviado datos al Ministerio de Hacienda- con 66,1 millones de euros pendientes de pago por servicios cuyas facturas permanecían en el cajón al cierre del cuatro trimestre del año pasado. Un tercio de esos fondos se distribuyen entre los gobiernos municipales de A Coruña y Lugo, con 15,5 y 11,1 millones, respectivamente.
Esas cargas figuran en la cuenta 413 de las finanzas municipales, registradas por el Ministerio de Hacienda. Este mecanismo legal permite a las administraciones locales alargar los plazos antes de pagar facturas, aunque el citado ministerio mantiene su vigilancia para evitar un abuso de esta vía para saltarse la obligación de pagar a los proveedores en una media no superior a 30 días. Según los últimos datos, 102 municipios y la Diputación de Ourense superaban ese umbral.
La cuenta 413 permite guardar en el cajón para abonar más adelante compromisos de pago para los que no se ha dictado acto formal de reconocimiento y liquidación. Son albaranes que todavía no se han puesto sobre la mesa, lo que no significa que no se abonen.
Un total de 129 concellos presentaban cargas en la cuenta 413 en el último trimestre del año pasado, ejercicio en que tuvieron lugar elecciones municipales y numerosas cambios en los gobiernos consistoriales. En total, sumaban 66,1 millones, 15 más que en el mismo período de 2018, si bien la liquidación total de este año arrojó un balance de 76,8 millones, al unir cargas de comienzos del ejercicio.
En comparación con los últimos trimestres de 2016 y 2017, el año pasado se antoja como el que más dinero dejó pendiente de abonar a proveedores de material o servicios a las entidades locales. En aquellos ejercicios se alcanzaron 30,4 y 30,3 millones, respectivamente, en los últimos tres meses del ejercicio.
La última radiografía disponible corresponde al período de octubre, noviembre y diciembre pasados, en los que 34 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra suman 15,8 millones en facturas en el cajón, por los 51 de A Coruña que copan casi la mitad del saldo total, con 32,4 millones. Una veintena de concellos lucenses acumula 14,5 millones, mientras que la provincia de Ourense realiza la menor contribución a este fondo. Entre 24 de sus consistorios suman solo 3,3 millones.
Los nueve concellos que superan el millón de euros en facturas aplazadas copan dos tercios de la deuda total: 42,5 millones. La lista está encabezada por A Coruña (15,5 millones), seguida de Lugo (11,1), Santiago (3,4), Ferrol (3,2), O Porriño (2,79), Pontevedra (2,5), Mos (1,6), Noia (1,2) y Melide.
La relación de ciudades se completa con los 559.504 euros de Vigo, mientras que Ourense no envió datos a Hacienda.
Galicia cumple el déficit
El déficit de las administraciones públicas se situó el año pasado en el 2,64%, incumpliendo el objetivo del 2% y experimentando el primer crecimiento desde 2012, según los datos de Hacienda. Las comunidades alcanzaron el 0,55% cuando su meta era del 0,3%, si bien ese desfase es atribuido a los alrededor de 2.500 millones que el Gobierno central no les cedió por el IVA de diciembre de 2017. Descontado ese efecto, Galicia -cuya deuda pasó del 18,1% del PIB al 17,5%, primera bajada desde 2013- cumplió los objetivos fijados, con un desfase del 0,12% (79 millones). Andalucía y Madrid también cumplieron y Canarias, Navarra y Euskadi lograron superávit.
