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La fiscalización de las cuentas públicas

Contas intensifica el control sobre el gasto municipal con informe en contra del interventor

A partir de ahora la documentación se tendrá que enviar por vía telemática, lo que permitirá agilizar y reducir los tiempos de fiscalización de los reparos de la Intervención

Sede, en Santiago, del Consello de Contas. // Xoán Álvarez

Sede, en Santiago, del Consello de Contas. // Xoán Álvarez

El Consello de Contas ha dado un paso más en su labor de control del gasto presupuestario de los ayuntamientos. A partir de ahora, los interventores tendrán que remitir vía telemática toda la información con los acuerdos municipales contrarios a sus reparos formulados contra determinados gastos que, su juicio, no se ajustan estrictamente a las reglas o no están debidamente justificados. Esta nueva vía abierta para suministrar los datos, según fuentes del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, "facilitará el control y el seguimiento" de todas las veces que una alcaldía se salta un reparo de su interventor, y permitirá una mayor supervisión de las prácticas que abusen de la reincidencia.

Los concellos ya estaban obligado desde hace algunos años a aportar esta información al Consello de Contas o, indistintamente, al Tribunal de Cuentas, pero lo hacían de forma anual y mediante documentación remitida en papel o un archivo informático, lo que en la práctica producía una demora en las posteriores labores de vigilancia sobre los reparos emitidos y sobre las veces y formas en que los ayuntamientos sorteaban las objeciones de los interventores tanto a los gastos autorizados como a las previsiones de ingresos.

Pero desde el 19 de marzo, esta obligación se realizará mediante medios telemáticos para agilizar el control.

Los importes y veces que los gobiernos locales se saltan los reparos no son cosa menor. Entre los años 2014 y 2015, los ayuntamientos gallegos realizaron gastos por casi 356 millones de euros -178 de media por año- contando con informes en contra del interventor municipal. Así lo corroboró el Consello de Contas en su primer informe de este tipo amparándose en la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que obliga a los órganos de intervención de ayuntamientos y diputaciones a remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias que dieran lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Los interventores ponen objeciones a determinados gastos cuando aprecian que no cumplen con todos los requisitos. Pero estos reparos se pueden esquivar mediante una resolución del alcalde, la junta de gobierno o el pleno. Estas acciones no se consideran delito, pero sí infracciones administrativas, irregularidades. Son comunes en las administraciones locales y responden sobre todo, a una falta de planificación.

Por ejemplo, vence el contrato con la empresa encargada de recoger la basura sin que la nueva concesión esté prepara todavía. Entonces el concello decide de forma unilateral prorrogar el actual contrato varios meses más para ganar tiempo y no dejar sin recoger los residuos urbanos. Esta acción de ampliar el contrato es irregular, pero no un delito ya que se está pagando a un tercero por un servicio público que está prestando.

En un informe posterior, publicado el pasado año y solo referido a los concellos de entre 10.000 y 20.000 habitantes, advirtió que en 2016 se habían adoptado acuerdos por valor de 70 millones de euros pese a haber recibido el informe negativo de la intervención. En este análisis se situaba a los municipios de Pontevedra a la cabeza en este tipo de práctica. "Adoptaron 1.565 acuerdos con reparos por valor de 44,9 millones de euros", señala el órgano fiscalizador.

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