Cavar un pozo para extraer agua, aunque se realice en un terreno privado y sea para el consumo familiar, requiere una autorización administrativa, así como su inclusión en un registro oficial para su control. Pero no todas las personas que encargan estas actividades lo hacen, por lo que pasan a ser captaciones ilegales. De descubrirlas y denunciarlas se encarga, por ejemplo, el Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que en los últimos cinco años han identificado 157 pozos de agua irregulares en la comunidad autónoma, según la información remitida al Congreso por el Gobierno central.
Pese a que Galicia es una tierra donde el agua no escasea por lo general -salvo en periodos específicos de sequía-, estas prácticas ilegales también se cometen, si bien no con la intensidad que sí sucede en otras partes de España, donde en una campaña extraordinaria de solo cinco meses de duración el Seprona localizó más de 1.400 captaciones irregulares de agua. Se trata de un fenómeno que va a más cada año, incentivado por las consecuencias del calentamiento global.
La provincia gallega que más abusa de la construcción de pozos y otro tipo de explotación ilegal de recursos hídricos es la de Lugo. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil levantó 56 actas de infracción, de las cuales 19 se firmaron el pasado año.
La segunda es la de Pontevedra, con 40 captaciones de agua fuera de la ley, de las que once se detectaron entre el pasado año y los dos primeros meses de 2020.
El concello de A Estrada figura como el más afectado, con 9 infracciones descubiertas en cinco años. Tiene hasta cierta lógica por tratarse de un extenso municipio con predominio de población rural y actividad agrícola, donde los particulares intentan aprovechar los acuíferos subterráneos. Pero el segundo ayuntamiento con más pozos ilegales localizados es el de Vigo, con seis. Un territorio eminentemente urbano. Y ya por detrás aparece As Neves, con cinco.
En Ourense la Guardia Civil abrió 35 expedientes, 8 de ellos en el último año, y en A Coruña se localizaron 26, con la particularidad, según la respuesta del Gobierno, de que solo en el concello de A Baña se detectaron 14 captaciones ilegales de agua en 2018.
En todo caso, son cifras muy alejadas de los registros en todo el ámbito nacional, con 1.410 pozos irregulares detectados en solo cinco meses en una operación especial denominada Mizu, la primera que se realiza de ámbito estatal.
"La creciente aceleración del cambio climático junto con el exponencial cambio de cultivos que se viene produciendo sobre todo en determinadas zonas de la geografía española, acompañados de una subida generalizada de las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo", según la Guardia Civil, es la causa del incremento de las captaciones ilegales de agua.
En el caso de Galicia, en solo tres años aumentaron un 60% los pozos -al menos los registrados legalmente- debido, en teoría, al cambio climático. En la cuenca del Miño-Sil, que abarca Lugo, Ourense y la mitad sur de Pontevedra, hay contabilizadas 18.500 captaciones subterráneas, de las que la mayoría, 17.931, son para uso doméstico y para regadíos. En tres años se cavaron 6.8000 nuevos pozos para abastecimiento humano y para regar.
A estos habría que sumar los excavados de forma ilegal, pero de los que no se cuenta con cifras siquiera aproximadas sobre su incidencia, si bien se advierte de su potencial riesgo sanitario cuando se destinan al consumo humano por falta de controles.
