El Consejo de Ministros aprobó el martes el proyecto de ley educativa que pretende derogar la norma promulgada por el ministro José Ignacio Wert en 2013, ratificada por el Gobierno del PP. Con la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida por el nombre de su impulsora, Isabel Celaá, los centros reconquistarán competencias suprimidas por la Lomce. Presumiblemente, los directores recuperarán cierta autonomía y tendrán mayor liderazgo pedagógico sobre sus alumnos, con cierta libertad para innovar en programas educativos, aunque los consejos escolares adquirirán más competencias y controlarán su poder.
"No es una novedad. Realmente, se trata de recuperar algunas funciones perdidas por la Lomce", expone Isabel Ruso de Lago, presidenta de la Asociación de Directivos de Institutos de Educación Secundaria de Galicia (Addiga). Esta reforma, que será la octava ley educativa de la historia de la democracia española, pretende flexibilizar la educación, permitiendo superar Bachillerato hasta con una asignatura suspensa, pero también con más novedades que, eso sí, son viejas conocidas para los centros. "No nos sorprenden los cambios, porque ya los habíamos vivido hace unos años. Es volver a la Loe", indica Ruso de Lago, haciendo referencia a la anterior ley de 2006, también fecundada por el Partido Socialista.
En este sentido, loss cambios tienen que ver con el poder de decisión de la dirección y los consejos escolares, formados por diferentes miembros de la comunidad educativa de la escuela: madres, padres, alumnado, profesorado, personal administrativo y de servicios.
El artículo 120 de la ley Celaá recoge que los centros dispondrán de "autonomía" en asunto de recursos económicos, materiales y humanos, para que puedan dar respuesta y viabilidad a sus proyectos educativos. De hecho, las administraciones públicas podrán delegar en los órganos de gobierno de las escuelas la adquisición de bienes y contratación de diferentes servicios. Un poder que hasta ahora era "mínimo", según Ruso de Lago.
Además, el director o directora de cada escuela, dentro de esta previsible autogestión, podrá adoptar "innovaciones pedagógicas", así como mejorar contenidos, metodologías y organización de espacios y tiempos. Aunque desde Addiga se pide "mayor concreción" en lo referido a ampliación del calendario escolar y del horario lectivo de materias, puesto que esta última opción ya se contempla hoy.
Sin embargo, Isabel Ruso de Lago destaca, "sobre todo", el papel activo y no tan pasivo que volverá a desempeñar el consejo escolar, ya que "la dirección del centro perderá capacidad" en su favor. Si la ley sale adelante, la junta de padres, alumnos, profesores y demás personal de cada centro pasará de únicamente evaluar a también aprobar o no los proyectos educativos, la programación general anual y hasta el propio presupuesto del colegio. Incluso, podrán "decidir" sobre la admisión de estudiantes, ejerciendo como "filtro final" -matiza Ruso de Lago- del proceso de aceptación. Asimismo, participará en la elección del director o directora de forma conjunta con el claustro.
Con todo, desde Addiga consideran las modificaciones "poco sustanciales" y exigen, por enésima vez, un pacto de Estado por la Educación: "Lo que parece un gran cambio para nosotros es una tomadura de pelo. No puede ser que estemos cambiando de ley constantemente".
Por su parte, la titular de la cartera de Educación, la ministra Celaá, parece haberles escuchado. En su comparecencia de ayer tendió la mano al resto de partidos políticos a un posible pacto mientras se tramita la Lomloe. "Nosotros ponemos un texto encima de la mesa para poder llegar a un pacto, y lo digo genuinamente", manifestó. Mientras que el líder del PP, Pablo Casado, al mismo tiempo, solicitó que parase su "contrarreforma", la cual tildó de "ideológica y sectaria".
Enmiendas a la ley
Por otro lado, Celaá también anunció que el Gobierno presentará en el Congreso enmiendas al proyecto de la reforma educativa. El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros no incluye algunos puntos sobre educación incluidos en la alianza de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Entre ellos, acabar con las subvenciones públicas a los centros privados que segreguen por sexo a sus alumnos. "Esta cuestión se verá en la tramitación de las enmiendas, pero que conste que estamos de acuerdo absolutamente en que las escuelas tienen que ser coeducadoras de facto", declaró.
