Galicia fue pionera en el año 2013 con la condena a un camionero por manipular un tacógrafo. Entonces la Guardia Civil envió el caso a los juzgados y el transportista vigués aceptó seis meses de prisión por un delito contra la seguridad vial. Casi siete años después de esta sentencia, este tipo de comportamiento en carretera dejará de ser una infracción administrativa (500 euros de multa y pérdida de seis puntos del carné) y será tipificado como un delito de falsedad en documento oficial. Los infractores, por tanto, se enfrentarán a penas de hasta tres años de cárcel.
Y ya no solo el conductor, sino también el resto de posibles cooperadores necesarios como directivos o encargados de la empresa de transporte, del contratista o de los talleres que acometen la alteración. Los agentes podrán elevar sus pesquisas a los empresarios y determinar si han intervenido con vistas a evitar multas por exceso de velocidad o hacer la vista gorda si su empleado se salta las horas máximas de conducción por jornada o incluso evitar la contratación de un segundo chófer.
Uno de los casos más recientes detectados en la comunidad gallega es de hace apenas una semana: un camionero interceptado en la A-6, a la altura de Betanzos, procedente de Logroño.
Tras años de búsqueda de amparo legal contra este tipo de comportamientos en carretera, el fiscal coordinador de Seguridad Vial en España, Bartolomé Vargas, recogió el guante y ayer ordenó el envío de una instrucción a todas las jefaturas de Tráfico de la Guardia Civil y a las distintas policías autonómicas para que refuercen los controles e investiguen a los camioneros, las empresas y talleres que manipulen los tacógrafos. Se trata de una práctica extendida entre los transportistas de alto tonelaje y el sector del transporte de viajeros que la Fiscalía quiere combatir.
El refuerzo de la vigilancia durante los últimos años en las carreteras gallegas y las elevadas sanciones han provocado una disminución de los transportistas denunciados por manipulación de tacógrafos. De los 80 casos detectados hace diez años se pasó a los 49 de 2018 y los 29 del año pasado. En lo que va de 2020, las patrullas de la Guardia Civil abrieron expediente sancionador por alterar el artilugio a cinco camioneros. Uno de los puntos a investigar a partir de ahora también será el empresario pirata que obliga a infringir para no contratar a dos conductores y reducir gastos a costa de la salud y la seguridad de los camioneros y también del resto de usuarios.
El oficio remitido ayer por la Fiscalía de Seguridad Vial con las pautas de investigación responde a una reciente sentencia del Tribunal Supremo -del pasado día 15 de enero- que ve como falsedad documental la manipulación de tacógrafos. En su resolución, el Alto Tribunal concluye por primera vez que la alteración de los datos de movimientos en camiones y autobuses con el objetivo de esquivar los controles tiene que ser castigada como una falsificación.
En el caso de que el conductor, la empresa o el taller investigados tengan antecedentes por este tipo de práctica, el delito será continuados, con penas que alcanzan los tres años y nueve meses de prisión. En el caso de que hubiese accidentes con víctimas mortales, la condena será por imprudencia grave, castigada con hasta nueve años según el número de fallecidos.
