El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). Se trata del mismo borrador presentado hace más de un año y que vio truncada su tramitación por el adelanto de las elecciones generales. Esta reforma, que será la octava ley educativa en democracia, pretende enmendar la llamada ley Wert, aprobada en 2013 por el Gobierno del PP. Entre las principales novedades que recoge el texto está la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa de manera excepcional. Ahora mismo era obligatorio superar todas las materias. Pero no será el único cambio:
Se eliminan los itinerarios educativos
La actual Lomce establece que en 4º de ESO los alumnos tendrán que posicionarse para estudiar Bachillerato o FP. Y si un estudiante no consigue superar segundo o tercero de Secundaria es derivado directamente a la llamada Formación Profesional Básica. La junta de evaluación del centro determinará si al aprobar ese curso el alumno obtiene el título de ESO o no. El Gobierno de Pedro Sánchez eliminará esta vía al considerar que se "discrimina" a los alumnos a una edad temprana y recuperará los programas de diversificación curricular.
Reducir la tasa de repetidores
En Primaria se elimina la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos. la nueva ley establecerá que solo se puede repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Si el estudiante tiene que repetir, la decisión ha de ser adoptada de manera colegiada por todo el equipo docente y en el caso de que finalmente se produzca la repetición, se pondrá en marcha un plan individualizado de seguimiento para el estudiante.
Se implanta la materia de Valores Cívicos
Se incorpora la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º y 6º de Primraia, así como en 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria.
Religión no computará en la selectividad
Ya no será obligatorio cursar Religión en 1º y 2º de Bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Tampoco se obligará a los estudiantes que no quieran estudiar Religión a matricularse en una asignatura alternativa.
Menos poder para las comunidades
Las comunidades perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum educativo. Un 55 % de los contenidos y materias serán definidos por el Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% en las que solo tengan una lengua oficial.
Aprendizaje equilibrado de lenguas cooficiales
Respecto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad. Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua. Además, la nueva ley contempla que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas -el castellano y la lengua cooficial-, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros.
Contra la segretación socioeconómica
La nueva ley permitirá a las comunidades repartir por los centros educativos públicos y concertados a estudiantes para evitar "la segregación del alumnado por razones socioeconómicas".
Dos evaluaciones de diagnóstico
Se harán evaluaciones de diagnóstico en 6º de primaria y 4º de ESO para todos los alumnos cada dos años. Sin validez académica.
La demanda social no pesará en la planificación
La reforma también elimina la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, desapareciendo así este "eufemismo", en palabras de Celaá, introducido por el PP para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.
Un MIR para acceder a la profesión docente
Los futuros profesores tendrán un año de práctica tutelada antes de incorporarse a su profesión. Será un sistema parecido al MIR en Medicina.
Más poder para los consejos escolares
Se devolverá a los consejos escolares la capacidad de "control" de las actividades que se realicen en los centros, para garantizar de forma más amplia la "libertad de las familias".
