El litigio final por los daños del Prestige está a punto de comenzar y lo hace con un nuevo obstáculo que sortear: la aseguradora alegará que la armadora no había abonado las pólizas del seguro para así eludir el pago de la factura de la marea negra. La batalla contra la aseguradora del viejo monocasco que tiñó de chapapote más de 3.500 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño hasta aguas francesas, se librará el Londres, donde la compañía de seguros del petrolero tiene su sede. España, a través de la Abogacía del Estado, presentó el año pasado una demanda ejecutiva en Reino Unido tras la negativa de la armadora a abonar los 1.000 millones de dólares -unos 900 millones de euros- del seguro reclamados por la Audiencia de A Coruña. Pese a que el Tribunal Supremo fijó la factura del desastre medioambiental en casi 2.000 millones de euros y que la Fiscalía cuantificó durante el juicio en más de 4.000 millones, las partes afectadas eran conscientes de que solo podrían aspirar a los 1.000 millones de dólares de la póliza que tenía suscrita la armadora, según se apuntó tras el cierre del juicio celebrado en A Coruña y tras el fallo definitivo dictado por el Alto Tribunal y la ejecución de sentencia de la Audiencia Provincial.

El pleito se celebrará de manera "inminente", seguramente ya el próximo mes de marzo, según detallan desde la Asociación Ecologista Arco Iris, presente en el proceso judicial del Prestige. Desde el colectivo aseguran que el presidente del Tribunal Comercial de Londres donde se pondrá punto y final a la larga travesía judicial del petrolero con bandera de Bahamas, que se partió en dos frente a la costa de Fisterra hace ya más de 17 años, calificó la demanda del Estado español de "llamativa" y "compleja", por lo que dio a entender

-según Arco Iris- que tiene pocos visos de prosperar. "Es un preocupante punto de partida", advierte la asociación ecologista que sospecha que el tribunal británico tratará de dejar para el próximo año la sentencia, una vez concluido el periodo transitorio acordado por Reino Unido y la UE para que empiece a surtir efecto el Brexit.

Nada más dictar sentencia el Supremo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía daban por hecho que el proceso que se iba a librar en Londres sería "largo, complejo y de resultado incierto". Fuentes próximas al proceso judicial advertían el pasado mes de noviembre en declaraciones a este periódico de "movimientos" desde el entorno del petrolero para acudir al arbitraje y no veían "intención alguna" de llegar a un acuerdo.

A este resultado incierto que vaticinan, se suman precedentes que ya tumbaron los pasos dados por España para dirimir los daños causados por la mayor catástrofe medioambiental en aguas españolas. Hace más de cuatro años, España y Francia perdieron la batalla judicial en Gran Bretaña: entonces pretendían que el pleito por el dinero del seguro fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos. Y en Estados Unidos, España ya había perdido años atrás una demanda contra la clasificadora del Prestige. "Es razonable pensar que otro tanto pasará en Londres", lamentan desde Arco Iris, ya que -apuntan- el abogado de la aseguradora inglesa, London P&I Club, alega que "la armadora no había abonado las pólizas del seguro y eso le exime de cualquier responsabilidad".

Además, iniciar este litigio fuera del espacio de la Justicia europea acarreará trabas al no disponer de los mismos mecanismos legales para reclamar. Y es que con la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), se perderán instrumentos de cooperación jurídica que en la actualidad hacen más sencillo recurrir a los tribunales británicos. Durante el juicio por la marea negra del Prestige, celebrado en A Coruña y que se prolongó durante nueve meses, la aseguradora no se presentó con el objetivo de evitar una sentencia en contra. Pero al ser responsable civil su presencia en el proceso no era necesaria y, finalmente, se libró de la condena.