La jueza Pilar de Lara, titular hasta el pasado 30 de enero del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, aseguró ayer que durante su etapa al frente de este órgano recibió "presiones" y defendió que en los últimos tiempos realizó un "esfuerzo grande" por agilizar las macrocausas que instruía ante el riesgo de que le "diesen la patada".

Lo dijo en una extensa entrevista concedida a Onda Cero, en la que reconoce que el proceso que desembocó en su sanción por dilaciones indebidas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido "largo en el tiempo" y "duro" y ha conllevado "desgaste profesional y personal".

De Lara aseguró que recibió esta investigación "muy sorprendida" al principio, con "desconcierto e incredulidad", y, casi al final, con "cierta impotencia", ya que, a pesar del "gran trabajo" realizado por su abogado, ha sido como "darse con la cabeza en una pared".

Entre otras cuestiones, la jueza ha llamado la atención sobre que su cese se produjese "de forma fulminante" cuando "ni siquiera era firme la sanción". El día que la recibió, el 30 de enero, la magistrada indicó que "llevaba casi terminado un auto importante de la Pokemon", el trámite de proceso penal abreviado, que, ahora, "tendrá que analizar otro juez" y se dilatará "muchos meses". "Me pregunto donde está realmente ese interés público", inquirió.

Reconoció que durante el ejercicio de su puesto recibió "presiones". "Nadie te va a llamar por teléfono y te va a decir "haz esto", pero hay muchas formas de tratar de amedrentarte, coaccionarte o asustarte, ya no digo por parte de los poderes políticos". La jueza recordó que se vio obligada a llevar escolta porque un investigado "amenazó de muerte" a su hija, pintadas hacia su pareja y "ataques" que, afirma, ha sufrido "por ser mujer". "Si hubiese sido un hombre, no los habría recibido", zanjó.

Pilar de Lara destacó como uno de los elementos que han dificultado su trabajo la "falta de autonomía presupuestaria del Poder Judicial", que en el caso gallego depende del Gobierno gallego. "Cuando vino la inspección en 2013, dijo que el juzgado necesitaba ya en aquel momento cuatro funcionarios de refuerzo y la Xunta dijo que no", puso como ejemplo la jueza, que incidió en problemas para traducciones, falta de personal, trámites que se alargan e incluso el tiempo que los propios jueces tienen que invertir en "vigilar que no se atasque la impresora".