Un cartón de leche a menos de 60 céntimos o una botella de oliva virgen extra gratis con la compra de dos cajas de detergente. Con estos precios y estas promociones difícilmente puede resultar rentable la actividad agroganadera, de ahí que el campo se haya rebelado y lleve varias semanas de intensas protestas por una situación que consideran insostenible. La respuesta del Gobierno a estas demandas se concretó ayer con una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en la que prohíbe la "venta a pérdidas" de productos agrarios. Es decir, el precio que se pague a los agricultores y ganaderos debe cubrir los costes de producción.
Eso sí, el ministro de Agricultura, Luis Planas, confía en que sea la cadena alimentaria la que asuma el incremento del importe que se paga los productores y que esto no suponga un encarecimiento para el consumidor final. "El Gobierno cree que eso es posible. Si cada uno asume su responsabilidad en el marco de la cadena es perfectamente posible que los precios no se incrementen y que, al mismo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos", señaló ayer, tras el Consejo de Ministros.
Para conseguir evitar esta "venta a pérdida", los contratos agrarios deben incluir el coste de producción. Actualmente en la determinación del precio que se paga a agricultores y ganaderos se tienen en cuenta ya una serie de "factores objetivos, verificables y no manipulables", pero no se incluye expresamente el coste de producción.
Por eso, como novedad, en la reforma legislativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros, sí se obliga a incluir en los contratos que firman fabricantes y supermercados con los agricultores el coste de producción original, de forma que el precio nunca puede ser inferior a ese importe.
Solo habrá dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen (para reducir el desperdicio alimentario) y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, pero que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el importe que se paga al agricultor o ganadero.
Para calcular el coste de producción se tendrán en cuenta salarios, fertilizantes, semillas, energía etc. El Ministerio de Agricultura publicará en su página web una serie de precios de referencia pero, en ningún caso jugarán un papel arbitral, sino que la valoración económica de los precios dependerá del mutuo acuerdo entre comprador y vendedor.
La "venta a pérdidas" podrá ser sancionada con hasta 100.000 euros y si se produce de forma reiterada la multa ascenderá hasta un máximo de un millón de euros. Además, no cerrar los contratos por escrito pasará de ser una infracción leve a ser "grave". Las sanciones más graves serán publicitadas en la página web del Ministerio con fines disuasorios.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora la reforma legal del Gobierno pero cree que se queda a medio camino. Así, piden que se definan situaciones de "posición de dominio" de la industria para proteger a los productores.
