Tres nuevos ayuntamientos se han adherido a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU): Pontedeume, Xermade y As Nogais. De esta forma suman ya 86 los concellos que dejan en manos de la Xunta la vigilancia urbanística. A pesar de ello, la APLU solo tiene control sobre el 18 por ciento de la superficie de Galicia y el 13,5 por ciento de la población.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que esta agencia tiene por objetivo velar por la legalidad urbanística y el control de las posibles infracciones, por lo que es un ente que está al servicio de los ayuntamientos para garantizar la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente.
En virtud de estos convenios, los ayuntamientos delegan en la APLU las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a la obras que se ejecuten sin licencia, siempre que estén en suelo rústico no urbanizable y suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y en núcleos rurales delimitados en el plan urbanístico. Por otro lado, la APLU transferirá al ayuntamiento un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones.
El objetivo de la Xunta es seguir incorporando nuevos ayuntamientos a este organismo, al tiempo que se incrementa la colaboración con los adheridos. Sobre su funcionamiento, la Administración gallega explicó que en 2019 bajó el número de expedientes resueltos, "lo que denota un aumento de la concienciación de la población".
