En abril del año pasado, vecinos de Soutomarior denunciaron vertidos ilegales de escombros en el monte de A Pedreira, una queja sobre prácticas similares a las registradas en un terreno pegado al campo municipal de fútbol de A Laracha (A Coruña) o en el entorno del hospital Lucus Augusti de Lugo. El goteo de casos viene de lejos, pese a los anuncios de la administración autonómica sobre cierres de basureros ilegales. Ante esa situación, la Policía Autonómica lanzó un campaña específica de vigilancia en el medio rural y el aumento de la vigilancia se tradujo en un crecimiento exponencial de irregularidades. Las denuncias por vertidos ilegales de escombros se multiplicaron por seis el año pasado y pasaron de medio centenar en 2018 a 328 el año pasado, casi una al día.
Alambres, tuberías, restos de escayola, ladrillos, cemento, uralita, pinturas... desechos de tareas construcción y demolición deben ser derivados a puntos específicos de tratamiento y a compañías habilitadas legalmente para tratarlos, evitando que sean depositados en cualquier lugar y contaminen el entorno e incluso supongan un peligro para la salud de la ciudadanía.
Incumplir esa obligación de tratamiento de los residuos de construcción acarrea multas que pueden llegar a los dos millones de euros, según establece la Ley de Residuos de Galicia de 2008, cuya actualización quedó paralizada por el adelanto electoral.
La norma define estos desechos como "aquellos que se originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e instalaciones".
La gravedad de cada caso determina la cuantía de la sanción. La legislación establece multas de 31.001 euros a dos millones en casos muy graves ante "abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos, siempre que se hubiera producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas".
Son infracciones graves aquellos vertidos de materiales no peligrosos que no causen importantes daños y suponen sanciones de entre 603 y 31.000 euros. Los vertidos de residuos derivados del consumo privado en la vía y espacios públicos son considerados incumplimientos leves de la legislación y sus multas pueden alcanzar hasta los 602 euros, sin que la norma fije una cuantía mínima.
El Cuerpo de la Policía Nacional adscrito a la Xunta comenzó en 2011 a ejercer el control sobre los residuos de la construcción, incluyendo tanto a los productores de estos materiales -construcción privada y pública- y los gestores. Los primeros datos de denuncias datan de 2012, ejercicio en que los agentes de la Policía Autonómica tramitaron 85 expedientes por 184 en 2013, 68 en 2014, 29 en 2015, 67 en 2016 y 52 en 2017.
Neumáticos en el monte
En el caso de la detección de vertederos ilegales de neumáticos la campaña de control del año pasado generó un aumento similar al de los escombros. Se denunciaron 29 casos el año pasado, por 4 en 2018, 5 en 2017, 5 en 2016, 18 en 2015, 52 en 2014, 62 en 2013 y 59 en 2012, según la Policía Autonómica.
