Hace seis años la Consellería de Educación decidió establecer una norma general homogénea para controlar el absentismo escolar y atajar no solo el incumplimiento de la obligación de acudir al colegio de los niños entre 6 y 16 años, sino mitigar el riesgo de que abandonen las aulas. Los profesores de los centros educativos gallegos recibieron un protocolo para vigilar esta cuestión, que fijaba una línea roja a partir de las ausencias superiores sin justificar que superasen el 10% del horario lectivo, el equivalente a dos días completos al mes. Desde entonces, los expedientes abiertos no dejaron de crecer hasta que el curso pasado se registró el primer descenso: los casos se redujeron un 22% desde los 435 del período 2017-18 a 339.
Hasta 2014 el control horario en los colegios carecía de unas normas protocolizadas para todos los centros, así que cada uno abordaba esa cuestión a su manera, enviando cartas a los padres, vía telefónica o mediante mensajes al teléfono móvil o el correo electrónico, por ejemplo. Ese año, sin embargo, la Xunta aprobó una norma general e impuso a los profesores la revisión de la asistencia. "El profesor deberá realizar diariamente el control de asistencia y comunicar las faltas (justificadas y no justificadas) a las familias o tutores legales en los cinco primeros días del mes siguiente", fijó. En la actualidad, esas comunicaciones utilizan la plataforma Abalar.
La señal de alarma se enciende cuando las ausencias injustificadas superan el 10% del horario lectivo del mes. En Primaria este es de 100 horas (25 semanales) mientras que en Secundaria y Bachillerato es de 128 (32 semanales). Las faltas toleradas, por tanto, no pueden alcanzar las dos jornadas al mes, bien completas, bien mediante ausencias parciales de horas a lo largo de ese período.
Cuando el alumno supera esa frontera, los docentes deben comunicar la situación a la dirección del centro escolar, que convocará a los progenitores o tutores a una reunión para pedir explicaciones y advertir de las consecuencias de no revertir ese comportamiento. La mayoría de expedientes se cierran en este punto, según el departamento de Educación.
De persistir el absentismo, el colegio o instituto deriva el caso a la Inspección Educativa, si bien también puede intervenir el servicio de protección de menores de la Consellería de Política Social. Si el alumno es víctima de una situación de desamparo, falta de recursos o problemas de drogas en su familia, la Xunta deriva el expediente a la Fiscalía de Menores. Fue el caso de una familia viguesa en 2015. El Ministerio Público acusó a la madre de un niño por sus reiteradas ausencias escolares.
El curso pasado, Educación abrió 339 expedientes por absentismo escolar grave, lo que supuso el primer descenso desde la aplicación del nuevo protocolo de vigilancia. Fueron 96 menos que las 435 del curso 2017-18.
Desde la puesta en marcha de este control en el curso 2014-15 siempre se habían cerrado los ejercicios con incrementos: 192 casos en el primer año, 318 en el segundo y 376 en el tercero, según datos de la Consellería de Educación.
Este departamento contrapone estas cifras con los 319.326 alumnos que el año pasado cursaban Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. De ellos, 227.210 acudían a centros públicos.
En Galicia, además, la tasa de abandono escolar se sitúa en el 14,3%, cuatro puntos menos que la media estatal, según las últimas estadísticas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esa cifra supone un descenso de casi el 40% desde 2008.
