El Gobierno trabaja en un paquete de reformas legislativas para mejorar el tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. Se da así respuesta a una de las demandas formuladas desde la Xunta que el conselleiro de Medio Rural, José González, trasladó hace unas semanas al ministro de Agricultura, Luis Planas.
Las ayudas económicas para incentivar la incorporación de nuevos agricultores al campo eran consideradas por el Gobierno como subvenciones corrientes y, por lo tanto, debían incluirse íntegramente en la declaración del IRPF de ese año, un tratamiento fiscal poco ventajoso que frenaba a muchos jóvenes a dar el paso.
La Consellería de Medio Rural propuso al Ministerio de Agricultura cambiar la fiscalidad de estas subvenciones y que fueran consideradas como "ayudas al capital", lo que permitirá que su tributación pueda hacerse en cinco años y no de golpe.
Durante la entrega del VI Premio Nacional Jóvenes Agricultores de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), el ministro se comprometió ayer a mejorar la fiscalidad de los jóvenes agricultores.
El titular de Agricultura señaló que todos los asuntos relacionados con el futuro de la agricultura y la ganadería pasan necesariamente por los jóvenes y mujeres, ya que son "elementos fundamentales para la renovación del sector primario nacional".
Así, recordó que dos de cada tres agricultores y ganaderos españoles van a dejar su actividad en la próxima década, por lo que resulta necesario garantizar el relevo generacional. De esta forma, resalta que la rentabilidad de las explotaciones es "clave" para incorporar a los jóvenes a la actividad agroganadera y lograr un medio rural vivo, con riqueza y con posibilidades de futuro.
En este sentido, en el marco de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), España apuesta por una futura PAC que respalde todas las medidas de carácter horizontal dirigidas a mejorar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias.
Planas recordó que la población rural ha ido descendiendo paulatinamente en España, ya que si en los años 70, representaba el 20 por ciento de la población total, hoy ya sólo es el 3,5 por ciento.
Pero el campo se enfrenta ahora a otro desafío. El posible recorte de ayudas procedente de Europa. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, avisó ayer en Bruselas de que el Gobierno considera "injusta" e "insuficiente" la última propuesta de acuerdo trasladada a los socios de la UE para cerrar el presupuesto común de los próximos siete años en la cumbre de este jueves y que plantea de salida un recorte del 14 por ciento para la Política Agraria Común (PAC) que España pide, al menos, mantener con el apoyo actual.
"No es para nosotros, en su forma actual, una base suficiente para llegar a un acuerdo", expresó la ministra a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE. En su opinión, el reparto que plantea el documento trasladado el pasado viernes a las capitales es "por ahora insuficiente para lograr un consenso".
El borrador, preparado por el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, propone un presupuesto con un recorte del 14 por ciento para la PAC y del 12 por ciento en los Fondos de Cohesión, aunque permitiría una mayor flexibilidad a los Estados miembros en su gestión, con el argumento de que es necesario dotar de mayores recursos otras políticas ahora prioritarias en la agenda de la UE como la lucha contra el cambio climático y la transición digital.
"No reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica", se quejó ayer González Laya.
