13 de febrero de 2020
13.02.2020

La presión del campo fuerza un cambio legal para evitar las ventas a pérdidas

El Gobierno ultima la reforma legislativa para imponer los costes de producción con condicionante de los precios en el sector

13.02.2020 | 01:55
Luis Planas. // Efe / Zipi

Precios de 1995 a costes de 2020. Ante esta situación, el sector agroganadero de todo el país se ha visto sumido en una crisis continua que ha dejado por el camino miles de explotaciones. Ante la imposibilidad de cubrir los gastos y lograr unos contratos que garanticen la continuidad de los productores del rural, agricultores y ganaderos se echaron este mes a la calle -en Galicia la protesta ha sido convocada por Unións Agrarias para el próximo martes ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña- para exigir al Gobierno central que actúe para evitar nuevos cierres de explotaciones y garantizar el futuro de las familias que viven del campo.

La presión ha surtido efecto y el Ejecutivo central se ha visto forzado a mover ficha. Y lo hará con vambios legales para evitar las ventas a pérdidas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer la inminente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que se cubran los costes de producción. Según Planas, esta normativa, de 2013, es "buena" pero "insuficiente". La línea legislativa en la que trabaja el Ejecutivo es la obligatoriedad de la inclusión de los costes de producción como factor para el establecimiento de precios en los contratos agrarios, una cuestión que ya se recoge en los contratos del sector de otros países europeos. Con esta modificación, el Gobierno quiere evitar la destrucción de valor de los producción agrarios a lo largo de la cadena.

En la sesión de control al Gobierno, el ministro avanzó ayer que entre las medidas que adoptará para hacer frente a la situación que atraviesa el campo figuran la inclusión de los precios de producción en los contratos, la prohibición de prácticas desleales para la producción, así como hacer públicos los expedientes sancionadores de faltas graves y muy graves, tal y como reclamaba el sector desde hace años. "Este Gobierno no las va a fallar, hemos escuchado a los agricultores y ganaderos y les hemos tendido la manos", aseguró tras reconocer como" justas" las reivindicaciones del sector.

Para el ministro , la situación de crisis por la que atraviesa el campo es una "auténtica prioridad", por lo que seguirá con la hoja de ruta establecida en la mesa de diáologo agrario, que incluye reuniones con todas las partes implicadas. De hecho, ayer se reunió con el sector de frutas y hortalizas y la semana que viene está previsto un encuentro con las cooperativas agrarias.

Tras la sesión del control al Gobierno, Planas mantuvo una reunión con los consejeros autonómicos de Agricultura -entre ellos el conselleiro do Medio Rural, José González-, a quienes pidió coordinación para conseguir que agricultores y ganaderos reciben un precio más justo, al tiempo que animó a las comunidades autónomas a que fomenten el cooperativismo para conseguir tener un mayor peso a la hora de negociar los precios que perciba el sector por la venta de sus productos.

"Las movilizaciones nos han recordado lo importante que es para España la agricultura y la ganadería", aseguró Planas. Además, recordó a los responsables de Agricultura autonómicos, que han solicitado medidas inmediatas, que la crisis del sector agrario no es una situación que se pueda resolver en 24 horas y con una sola medida. "Necesitamos estar todos coordinados y llevar acciones que nos permita conseguir que agricultores y ganaderos perciban un precio más justo", concluyó.

Durante el encuentro en Madrid, el conselleiro de Medio Rural demandó "celeridad" para que el Gobierno aproveche la transposición de la normativa europea sobre precios y modifique cuanto antes la legislación nacional para evitar la venta a pérdidas. Según explica la Xunta en un comunicado, González demandó en el encuentro "una garantía de precios justos para el campo que faciliten la rentabilidad en la actividad de los agricultores y de los ganaderos".

Además, el conselleiro propuso que el Gobierno central elabore una ley estatal de incentivos fiscales para la actividad agroganadera y forestal. En este aspecto, la Xunta considera necesario, según consta en un comunicado, introducir en la normativa estatal, como "ya hizo la Administración gallega en Galicia, medidas encaminadas a mejorar la fiscalidad de los ganaderos, agricultores y silvicultores, con el fin de que esas mejoras repercutan también en sus rentas.

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