Por octavo año consecutivo, las arcas de las administraciones locales cierran con más ingresos que gastos. Pese a este saldo positivo, los alcaldes apenas pueden tocar los ahorros que tienen en los bancos ya que la inversión del superávit municipal está vinculada a los presupuestos generales -norma que incluye generalmente esa autorización-. Pero finalmente la presión del municipalismo ha llevado al Gobierno central a dar vía libre a los ayuntamientos y diputaciones para gastar los casi 5.000 millones de superávit alcanzados en 2019 sin necesidad de vincular su aprobación a las cuentas del Estado. En el caso de Galicia, son más de 120 millones.

Para desbloquear estos fondos, el Ejecutivo aprobará con carácter de urgente un decreto ley que autorice a las entidades locales a utilizar cuando antes sus ahorros. "Nos permitirá mayor capacidad de inversión cuanto antes empecemos a hacerlo", celebró el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras la reunión esta semana de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y su homóloga en Hacienda, María Jesús Montero.

En el encuentro de la CNAL, el primero de esta legislatura, la FEMP volvió a poner sobre la mesa la necesidad de "flexibilizar la forma de hacer esta autorización" de uso del superávit. Así, el Ejecutivo acordó prorrogar más de un año las normativas que marcan el catálogo de inversiones financieramente sostenibles. Este cambio facilitará a los ayuntamientos la inversión en su territorio, según destacó Caballero, y también abre la puerta para destinar los ahorros a minimizar los daños causados por temporales u otras catástrofes naturales.

Las restricciones impuestas por Hacienda apenas permitían a los ayuntamientos gastar una sexta parte de su superávit, ya que no les daba libertad para reinvertir sus ahorros. En la recta final del Gobierno de Rajoy, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro accedió a la histórica reivindicación de las administraciones locales: poder gastar en un catálogo más amplio. Hasta 2018, las llamadas inversiones financieramente sostenibles se limitaban a alumbrado, distribución de agua, recuperación de carreteras o parques. Con esos cambios se incluyeron capítulos como educación, cultura o deporte.

En la lista de deberes que la FEMP puso al Gobierno está la intervención ante los intereses que ahora empiezan a cobrar los bancos a las administraciones locales por sus ahorros (0,35%). Por los más de 25.000 millones de remanente que tienen depositados, ayuntamientos y diputaciones se dejan en intereses casi 100 millones al año. Por ello, esta semana han vuelto a reclamar al Ejecutivo que estudie fórmulas para evitar ese gasto. Una petición que el Gobierno se ha comprometido a estudiar "lo antes posible", según fuentes municipales.