La Consellería de Educación trabaja con la "idea" de que en julio pueda estar listo el nuevo plan de financiación para el sistema universitario gallego. Más allá de la convocatoria electoral, que también puede demorar, cuando no cercenar, las pretensiones para alcanzar un nuevo acuerdo de cuánto se reparte entre los campus gallegos y de cómo se reparte en los próximos años, desde el departamento que dirige Carmen Pomar siguen haciendo los deberes y "esta misma semana", explican, se ha constituido el grupo de trabajo para comenzar a hablar sobre ese nuevo plan, que los rectores de las tres universidades gallegas reclamaban ayer con "urgencia".

En el mismo comunicado en el que los rectores de las universidades de Vigo, Santiago y A Coruña cuestionaban ayer la oportunidad de una institución de educación superior privada -la impulsada por Abanca- en la comunidad, defendían la imperiosa necesidad de actualizar las partidas y de "fortalecer el actual" sistema universitario público. "Pensamos que entre todos hemos construido un sistema fuerte, competitivo y bien articulado y aspiramos a mejorarlo aún más haciendo que sea eficiente, eficaz y sostenible económicamente", aseguraban, para lo cual consideran necesario "urgentemente" un "nuevo sistema de financiación que proporcione autonomía, suficiencia y estabilidad financiera y que permita afrontar efectivamente los costes estructurales, así como la financiación de los resultados obtenidos".

En esa medida, también están trabajando en la elaboración de sus propuestas, según trasladan de alguno de los campus, aunque son conscientes de que los plazos van muy ajustados y que la convocatoria electoral puede influir en que ese nuevo plan no llegue a tiempo para sustituir al actual a partir de 2021. Quedan menos de once meses de vigencia del actual plan de financiación, once meses también para pactar uno nuevo, y en el medio habrá una reconfiguración del Gobierno autonómico, que también incidirá en cómo evolucione la negociación y que, en todo caso, extenderá los plazos.

Si no es posible el acuerdo en torno a un nuevo plan de financiación, tocará, como ocurre con los presupuestos: prorrogar el actual, el plan B. Desde la Consellería de Educación recordaban ayer también la existencia de esta posibilidad. En la propia Lei de Orzamentos se contempla una prórroga automática en caso de que a 1 de enero de 2021 no existiese un nuevo plan. De momento, con todo, Educación trabaja con la previsión de poder contar con unas nuevas reglas del juego y para ello se ha establecido un calendario de reuniones mensuales con "la idea de que en julio esté listo un documento del nuevo plan".

En los últimos meses se han sucedido las demandas de los rectores de un nuevo sistema que eleve los fondos destinados a los campus para situarla en el 1% del PIB -unos cien millones más al año-, pero la Xunta no dio por descartado que pudiera prorrogarse el actual plan por falta de tiempo. De hecho, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, explicaba que se había incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto que si en 2020 Xunta y universidades no han alcanzado un acuerdo para impulsar un nuevo Plan de Financiación, el marco financiero en vigor se prorrogará automáticamente para 2021 por "un ejercicio de responsabilidad y de cautela" porque "el proceso de negociación puede llevar meses" y además estaban los comicios. "Nunca habían coincidido unas elecciones con el fin de un plan de financiación", admitió entonces.