La Xunta envió ayer mañana al Ministerio de Hacienda el requerimiento para recibir 204,7 millones de euros -6 más que la cifra inicialmente exigida- de la recaudación del último mes de diciembre de 2017, que ese departamento se niega a abonar alegando que expiró el plazo para solucionar un desfase causado por un cambio en el método contable aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. A partir de ayer se activa la cuenta atrás de 30 días. Si transcurrido ese tiempo, el Gobierno central no abona esa cantidad, la disputa será derivada a la justicia como un procedimiento contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo gallego.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó ayer este requerimiento, un día antes de que se reúna tras 18 meses el Consejo de Política Fiscal y Financiera y mientras se entrevistaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Generalitat, Quim Torra.

Feijóo reprochó que se produjese ese encuentro mientras "se sigue penalizando a las Comunidades Autónomas solventes" y antes de un CPFF al que consideraba que Cataluña no asistiría. Por sorpresa, esta comunidad sí enviará a un representante a la reunión.

La reclamación de la Xunta, a la que han sumado comunidades donde la Presidencia está en manos del PSOE como Aragón o Castilla-La Mancha, también ha generado la adhesión de los grupos socialistas en la Diputación de A Coruña o las ciudades de Santiago, Ferrol y Lugo. Ayer se unió el concello de A Coruña, que aprobó por unanimidad la reclamación de esa cifra, en contra de la tibieza manifestada por la dirección del PSdeG.

A ese frente político se unió también la Cámara de Comercio de A Coruña, que avanzó su intención de demandar a la administración central si no paga el IVA adeudado" por los perjuicios que supondría para la economía gallega", informa Europa Press.

El BNG también apoya esta reivindicación. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, pidió ayer la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar una deuda de 370 millones, pues añadió al IVA 170 de incentivos por cumplir los criterios fiscales que reclama la Xunta. "Ningún artificio ni pretexto de carácter técnico puede justificar el impago de esa deuda, que es dinero de todos los gallegos y gallegas", dijo Rego.

A pesar de las "tensiones financieras" del año pasado por el IVA y las entregas a cuenta -el Gobierno le pagó a la Xunta 330 millones el último día hábil del año pasado-, Feijóo aseguró ayer que Galicia logró ajustarse al tope de déficit autorizado, situado para las comunidades en el 0,1%. La Xunta alcanzó un desfase entre el 0,08% y el 0,09%. Eso sí, si el Gobierno central considera que los 200 millones del IVA que la Xunta se gastó y no recibió deben computar como déficit, Galicia y el resto de autonomías no se ajustarán al marco financiero y serán intervenidas.