La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se atrinchera en su negativa a pagar la deuda del IVA a las comunidades a pesar de la ofensiva judicial que anuncian distintas autonomías, Galicia entre ellas, para recuperar 2.500 millones de euros correspondientes al mes de diciembre de 2017. Ante la respuesta con que se ha encontrado, ayer aseguró que es una "una roca para las amenazas" que le llegan desde las administraciones autonómicas en forma de reclamaciones judiciales, promovidas tanto por el PP como por el PSOE.
En una entrevista en Antena 3, Montero, que defendió la legitimidad de las comunidades para ejercer sus derechos, consideró en todo caso que el Ministerio de Hacienda no puede actuar sobre la base de coacciones. Preguntada por las "amenazas" de algunas comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón o Castilla-La Mancha de acudir a los tribunales si el Gobierno no reparte los 2.500 millones de euros del IVA, Montero señaló que es "una roca para las amenazas" y que el Ministerio de Hacienda "no puede responder a base de amenazas", sino con criterios "justos" y que permitan asegurar que todas las comunidades tienen el mismo trato.
"No me siento amenazada con la carta", afirmó la ministra, en referencia a la misiva que el martes envió el presidente de Aragón, Javier Lambán, dando al Ministerio de Hacienda un plazo de 15 días para solucionar este tema y el anuncio de "acciones legales" en caso de no realizarse el pago en este tiempo. "Cada uno expresa su opinión como quiere y las comunidades tienen derecho a acudir a donde quieran", precisó.
Galicia, según lo acordado la pasada semana en el Consello de la Xunta, también enviará esta semana un requerimiento oficial a Hacienda para que abone los 200 millones, paso previo a la presentación de un recurso judicial en caso de obtener una respuesta negativa.
La ministra de Hacienda indicó también que en 2020 ya no es posible aprobar la liquidación definitiva del IVA de las comunidades autónomas de 2017, pero sí se mostró dispuesta a estudiar "medidas paliativas" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para mañana.
Montero recordó que es un "tema heredado" del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que el Gobierno trató de corregirlo en los presupuestos de 2019, que el PP "tumbó" a pesar de que ahora "exigen arreglarlo".
"En 2020 no es posible acometerlo, lo cual no quita que tomemos medidas paliativas", apuntó la ministra sin dar más detalles, quien además se quejó de que cuando "se perpetran los hechos", nadie dice nada y cuando se intenta arreglar es cuando se plantean las exigencias. "Hemos intentado arreglarlo en 2019 y tumbaron los presupuestos, no puede ser que el PP exija una cosa y tumbe lo que permite arreglarlo", añadió.
Desde Castilla y León y Andalucía, dos comunidades del PP, se respondió inmediatamente a la ministra que se deje de medidas paliativas y que pague los 2.500 millones de euros, mientras que Extremadura, en manos del PSOE, se ha sumado a la advertencia de recurrir también a los tribunales para conseguir el objetivo.
Feijóo en el Parlamento
Prácticamente a la misma hora que María Jesús Montero, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistía en el Parlamento al cara a cara con los líderes de la oposición. El político gallego aprovechó para reclamar al Gobierno central los 370 millones que adeuda a Galicia -200 del IVA y otros 170 millones derivados del cumplimiento de las reglas de estabilidad financiera- con los que se podrían "hacer el hospital de A Coruña" y "equipar y remodelar" los hospitales de Ferrol y Pontevedra.
Núñez Feijóo así lo reivindicó en la sesión de control en la que los partidos de la oposición atacaron la política sanitaria de la Xunta, días antes de la manifestación que la Plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado para este domingo.
Por su parte, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Abel Caballero, pidió que los ayuntamientos de Galicia se centren en exigir a la Xunta al menos triplicar las transferencias directas incondicionadas a las corporaciones locales. Esta es su postura ante la reivindicación del IVA por parte del Ejecutivo autonómico.
