Por primera vez desde que se aplicaron los corsés de la austeridad, los concellos que invirtieron su superávit contable superaron el centenar. A los 103 municipios gallegos que pudieron realizar un gasto extra gracias su salud financiera -11 más que el primer dato provisional de agosto- se unieron las cuatro diputaciones para arrojar un desembolso total de 88,5 millones de euros en 2018: 39,7 en el primer caso y 48,8 en el segundo.
El dato global duplica el registro del año 2017 gracias a la mayor flexibilidad aportada por el Ministerio de Hacienda a los criterios para permitir un gasto asociado al superávit -técnicamente conocido como "inversión financieramente sostenible"- y al saneamiento financiero municipal, ámbito que suma ocho ejercicios consecutivos de números en positivo.
Esta limitación a la inversión fue impuesta durante los años de la crisis económica en que se no solo se aplicó la austeridad, sino que se blindó legal e incluso constitucionalmente tras el acuerdo exprés entre PP y PSOE para garantizar el pago de la deuda cuando la administración tuviese excedente económico.
En 2012, con el PP de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central, se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estableció la obligación de amortizar deuda en caso de superávit. Dos años después, el Ejecutivo relajó ese corsé y permitió que ayuntamientos y diputaciones saneados pudiesen destinar parte de su superávit a las citadas inversiones "financieramente sostenibles". Para ello, debían estar en números positivos, cumplir el período medio legal de pago a proveedores -ahora es un mes real-, ajustarse a la regla de gasto -que el desembolso no crezca más que la previsión de crecimiento económico- y disponer de un remanente en caja equivalente a esa inversión. Por ejemplo, si un concello lograba un excedente de cinco millones de euros y quería gastarlo todo, debía contar en caja con esa misma cifra.
Ese desembolso estaba, además, limitado a proyectos que se realizasen en un año y a aspectos que no generasen gastos posterior, como alcantarillado o parques. Ante los números positivos del ámbito local y las reclamaciones municipales, en 2018 el Gobierno de Rajoy aprobó flexibilizó esas restricciones, dando más tiempo para el gasto del superávit y ampliando los apartados a los que podía destinarse, incluyendo cuestiones como educación, política social o deportes.
Esas decisiones y la mejora económica local dispararon las cifras de inversión financieramente sostenible a sus mejores registros desde 2014, que fue cuando se puso en marcha esa vía.
El desembolso entre concellos y diputaciones entonces no llegó a 26 millones de euros, creciendo a 82,8 en 2015 -59 de ellos de las diputaciones en un año electoral- y luego situándose dos ejercicios en el entorno de los 48 millones. La cifra de ayuntamientos que emplearon esta vía de gasto extra nunca había superado el centenar hasta ahora: 46 y 9,9 millones en 2014, 78 y 23,5 en 2015, 69 y 19,4 en 2016 y 66 y 16,8 en 2017.
Hacienda elabora dos listas: una con los ayuntamientos que superan los 5 millones en esta inversión y otra con las diputaciones por encima de los 10. En la primera aparece en séptimo lugar Vigo, con 11,4 millones; en la segunda, las diputaciones e Pontevedra (23,3 millones) y A Coruña (16) en los puestos quinto y noveno, respectivamente.
