Tanto el abogado de los Franco como el letrado que representa a la Abogacía del Estado llegaban ayer a la audiencia previa al juicio sobre la titularidad del pazo de Meirás ante el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña con pocas expectativas de llegar a un acuerdo, expectativas que al final se cumplieron, aunque tras más de tres horas de vista, lo que implica que habrá juicio y arrancará el 6 de julio.

En la vista, frente a la defensa de los Franco, representados por el despacho de Luis Felipe Utrera, de que los herederos han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble, el abogado del Estado opone que "son poseedores de mala fe" del inmueble.

Mientras los Franco niegan que la compra de Meirás fuera "simulada y fraudulenta", así lo afirma la Abogacía del Estado, que sostiene que el título de 1941 se hizo para "subsanar una situación anterior" de 1938 con un "pago ficticio". Asimismo, el letrado de los Franco rechaza que el inmueble fuera un bien de dominio público -como alega la Abogacía del Estado- e insiste en la usucapión, por la que se reconoce la posesión del bien de forma pública e ininterrumpida durante un tiempo, con justo título y de buena fe. Sostiene asimismo que los Franco pagaron los impuestos correspondientes. No lo ve de esa forma el abogado del Estado, quien sostiene que esos impuestos los abonó el concello de Ferrol y consiguió que la jueza admita documentación que permita documentarlo si existe en la corporación.

Por otro lado, el abogado del Estado Javier Suárez defendió un "proceso coactivo" en relación a la adquisición del inmueble por parte de la familia. "Fue un proceso coactivo con una involucración muy importante de las administraciones públicas", alegó, y lo dijo no solo por las aportaciones de instituciones, sino también por particulares. No obstante, para el letrado de los Franco, es irrelevante" el dato de "si fue más o menos voluntaria la aportación" de los particulares al "objeto del presente litigio". "Con total franqueza, no lo sabemos. Habría gente que haría aportaciones voluntarias y otras personas se sentirían forzadas. Es un extremo irrelevante, porque ese dinero no salía del bolsillo del comprador ni de la Administración, sino de particulares que no son parte en esta causa. A efectos de este litigio es un dato irrelevante, se trata de demostrar si hubo usucapión y el dinero no salió del bolsillo del Estado", adujo el abogado de los Franco Antonio Gil