Nueve años después de que la jueza Pilar de Lara comenzase a investigar una trama de fraude en subvenciones y amaños en contrataciones, no solo en Galicia sino también en Asturias, Cantabria, Cataluña o Baleares, la Operación Pokemon sigue dando tumbos en los juzgados. La aún instructora, sancionada por el CGPJ con la pérdida del destino por irregularidades en sus investigaciones, rechaza la petición de la Fiscalía de Lugo de desgajar las pesquisas alrededor del grupo Vendex en un total de 32 piezas: 10 casos en A Coruña, 8 en Santiago,7 en Ourense y 1 en Ferrol, Lugo, Arteixo, Sada, Ordes, Carballiño y Marín. De Lara basa su decisión en el hecho de que "si bien con distintas variantes, el método utilizado en todos los ayuntamientos es el mismo: aproximación a determinadas autoridades y funcionarios hasta captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos 'a la carta', para obtener contratos", argumenta.
