La exigencia de vacunación para acceder a una escuela infantil pública que se aplica desde el año pasado quedará blindada cuando se apruebe la ley de impulso demográfico, que también obligará a las guarderías privadas -y que no reciban fondos públicos, si lo hacen deberán aplicar el citado requisito- que no impongan esta condición a informar de ello a los padres en el momento de la matriculación y figurar en el establecimiento "de forma clara y visible". De incumplir este precepto, serán multadas con entre 3.001 y 15.000 euros.
Así consta en el proyecto de ley de impulso demográfico que la Xunta envió ayer al Parlamento para su tramitación, proceso durante el cual el Ejecutivo aspira a lograr el máximo consenso con los grupos parlamentarios sobre la primera norma de este tipo en España.
El texto fue criticado por el Consello Económico e Social (CES) por su falta de concreción y propuso cambios que, según la Xunta, fueron asumidos en su mayoría. También aclaró que supondría una nueva inversión de 120 millones de euros en cuatro años, al margen del gasto por medidas ya implementadas.
Entre las novedades, se incluye el blindaje del aumento constante de los fondos en "políticas de familia", obliga a contar con salas de lactancia en edificios públicos o compromete un plan de apoyo a familias monoparentales.
