La renovación de las concesiones de transporte en autobús que comenzó en 2017 finalizará con la adjudicación de los últimos 29 contratos para explotar 1.286 rutas en Galicia, licitados ayer y que entrarán en funcionamiento tras el verano, según la Xunta. La Consellería de Infraestruturas destinará a esta cuestión 237 millones de euros durante la próxima década e implantará definitivamente su apuesta por los viajes compartidos por usuarios y escolares. Más de la mitad de rutas usarán esa modalidad: 741 de las citadas 1.286 y 2.134 de las 3.144 totales de la comunidad.
La normativa europea obligaba a la Xunta a adjudicar los contratos de explotación del transporte por autobús por 10 años a partir de 2019, pero la administración adelantó la renovación en 2017 forzada por la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de la prórroga de los contratos entonces vigentes. Decenas de empresas renunciaron a seguir explotando 600 líneas y la Xunta acometió una renovación provisional en dos fases.
Con la licitación de los últimos 29 contratos, la Xunta finalizará esa renovación del mapa del transporte público por carretera hasta 2030. En total, serán 3.144 rutas, de las que 2.134 emplearán el transporte compartido. Solo en las 1.286 rutas licitadas ayer la Xunta inyectará 74 millones al año, si bien esta actividad alcanzará un volumen de negocio de 1.311 hasta 2030. "Dejamos listo a Galicia su mapa de transporte hasta 2030", declaró el presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, ayer tras la reunión semanal del Consello, en alusión a que el trabajo se ha finalizado antes de que concluya la legislatura después del verano.
Los últimos 29 contratos renovarán el transporte interurbano en las áreas de A Coruña, Santiago, Costa da Marte y O Barbanza, así como en las comarcas de Tabeirós, Terra de Montes, Baixo Miño, Val Miñor y norte de Arousa. También garantizarán el empleo de los 859 conductores subrogados para los nuevos adjudicatarios y obligarán a contratar 394 acompañantes.
Empleo
Por otro lado, la Xunta también aprobó la inversión de 16 millones de euros para reeditar tres programas de apoyo a la contratación por parte de los concellos de 1.800 desempleados.
Las entidades locales recibirán 7,7 millones para contratar perceptores de la renta de inclusión social. La previsión es que se beneficien 165 concellos y contraten a 700 personas. Otros 1,5 millones irán a parar a 185 municipios para contratar en diferentes servicios y obras a parados y otros 7 millones serán usados por 270 entidades para contratar a 600 personas en el programa de limpieza de monte (Aprol).
