La finalización de la conexión mediante tren de alta velocidad (AVE) entre Galicia y Madrid sigue siendo objeto de controversia, una década después de la primera fecha oficial de puesta en marcha, que fue 2010. Parte de la responsabilidad de los retrasos corresponde a cambios en los proyectos de obra, dilaciones a obras asociadas, errores en la planificación e incluso escasa disponibilidad de dinero por parte del Gobierno entre 2014 y 2017, época en que Mariano Rajoy (PP) era presidente del Ejecutivo. Así lo certifica el Tribunal de Cuentas en un informe en que detalla la paralización temporal de 18 obras de una infraestructura con un presupuesto de 12.533 millones de euros, cantidad de la que se ejecutaron 6.425.
El informe de F iscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectados a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017 documenta 94 suspensiones de obras en todo el Estado por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) siendo la conexión Galicia-Madrid la que más casos acumula, seguida de Levante-Madrid. El Eje Atlántico acapara otras cinco.
El AVE Galicia-Madrid ha vuelto a generar polémica por el posible incumplimiento de los últimos plazos oficiales, que apuntaban su puesta en funcionamiento en pruebas a finales del año pasado y la venta de billetes este ejercicio, dando por descontado que no incluirá un nuevo acceso a Ourense.
En ese retraso han tenido gran peso las citadas 18 paralizaciones temporales de las obras, que afectaban a inversiones totales de 1.075 millones. Nueve de ellos fueron suspendidos por modificaciones del proyecto inicial, tres a la "descoordinación entre administraciones", uno a la dependencia del avance de otros trabajos, otro a la imposibilidad de continuar desde el inicio y cuatro a otras causas, según el documento del órgano fiscalizador.
Cuentas centra su análisis en once de esas obras, en las que relata los retrasos de hasta 50 meses causados por estos retrasos. Uno de los casos afecta a la construcción de la plataforma ferroviaria en el tramo entre Prado y Porto, adjudicado en abril de 2012 por 104,4 millones de euros. Debía estar finalizado en 34 meses, pero ese plazo se duplicó por retrasos vinculados a "la falta de disponibilidad de los terrenos en plazo" o la "existencia de aspectos nuevos" una vez comenzadas las obras "que no pudieron tenerse en cuenta con la redacción del proyecto constructivo", como una escollera de protección, nuevos tratamientos del firme o un centro asistencial 24 oras. "No parece que en tales actuaciones existiese una necesidad inaplazable, sino más bien una falta de previsión al tratarse de trabajos que debían haberse conocido con anterioridad y haberse recogido en el proyecto constructivo originario", indica el Tribunal de Cuentas.
En el caso del un tramo del Túnel de Tramo, proyecto de 64,7 millones, se cambió la configuración de las galerías previstas y los falsos túneles, así como la conexión entre vías, lo que generó un retraso de 29 meses. "Tales actuaciones pudieran parecer que se deben a errores en el proyecto, pero realmente ponen de manifiesto que con consecuencia de una inadecuada planificación en la redacción del mismo y que no obedecen a necesidades o causas imprevistas. Por otra parte, la entidad [Adif] justificó la realización de tales actuaciones ya ejecutadas por la necesidad de actuar con urgencia o por motivos de seguridad, sin que tales extremos se hayan acreditado", reza el informe.
En el caso de la plataforma de la vía derecha del tramo Vilariño-Campobecerros, adjudicada por 79,2 millones, el retraso alcanzó los 25 meses tras tres ampliaciones de contrato. Una de ellas se refirió a una modificación del proyecto, cuyas obras se retomaron con "actuaciones ejecutadas sin cobertura contractual".
Cuentas también afea errores a la obra de la plataforma del tramo Porto-Miamán, adjudicada por 76,4 millones, el Everest de las dilaciones con 50 meses de retraso; once de ellos correspondieron a la "baja disponibilidad presupuestaria de Adif-AV durante 2014, lo que obligó a ajustar la producción, ralentizando el ritmo de los trabajos" y la lluvia. Además, uno de los cambios del proyecto "estuvo motivado por cambios imprevistos en el proyecto asociados a errores, omisiones, adaptación a las condiciones reales de la obra, necesidades constructivas o necesidad de ajustar la prestación a especificaciones aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato". Adif alegó la necesidad de actuar para evitar daños a las obras por las "inclemencias meteorológicas".
También afea un cambio en el tramo Vilariño-Campobecerros cuando la obra había finalizado. "No resulta coherentes que se acuerde la suspensión de las obras para tramitar una modificación del contrato si se había ejecutado ya la totalidad del mismo", dice Cuentas.
En el túnel del tramo Cerdedelo-Prado (88,5 millones), los cambios de proyecto "afectaron a las características del procedimiento constructivo de las estructuras del túnel, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 92 quáter de la LCSP/2007, ya que la modificación del contrato debe limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hizo necesaria, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y la adjudicación".
