Los rectores de las tres universidades gallegas reclaman al nuevo Gobierno una nueva ley sobre la enseñanza superior para abordar necesidades como blindar y mejorar su financiación, facilitar la renovación de personal, contribuir a la atracción de talento, reducir la carga burocrática y elevar la autonomía y flexibilidad de la gestión.
La elaboración de esa nueva norma orgánica constituye el gran "reto" que debe afrontar el ministro de Universidades, Manuel Castells, en opinión de los rectores de Vigo, Manuel Reigosa; A Coruña, Julio Abalde; y Santiago, Antonio López, que ayer firmaron un convenio de colaboración con la conselleira de Política Social, Fabiola García, por el que la Xunta aportará más de 100.000 euros para programas de formación de personas mayores de 65 años, principalmente mujeres, tanto ofertados por los campus como en formaciones específicas ejecutadas en 14 concellos.
Los rectores coincidieron en la necesidad de que la nueva ley universitaria nazca del consenso. "Debería ponerse desde el minuto uno a tejer las alianzas para esa nueva ley", expuso Reigosa ayer.
El rector de la UVigo ya exigió el domingo en declaraciones a este diario una nueva norma sobre la enseñanza superior, a la que se suman sus dos homólogos de A Coruña y Santiago.
"El reto es la nueva ley de universidades y es necesita coordinación y acuerdos", declaró Antonio López, responsable de la Universidade de Santiago (USC). "Hay mucha normativa que tiene que ser actualizada", añadió Antonio López (UDC).
Los tres se desmarcan del Consejo de Rectores de España, inquieto por separar Universidades y Ciencia en dos ministerios. "Las políticas son más importantes que las estructuras de Gobierno", resumió López.
