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Los edificios públicos deberán tener surtidores de agua

Es una de las novedades introducidas en la futura Lei de Residuos de Galicia

Dos niños cogen agua en el surtidor de agua de un colegio. // Alba Villar

Dos niños cogen agua en el surtidor de agua de un colegio. // Alba Villar

El proyecto de Lei de Residuos e Solos Contaminados ya está en el Parlamento listo para iniciar su tramitación y aprobarse de forma definitiva, según las previsiones de la Xunta, en el primer trimestre del año. Al margen de los eventuales cambios que pueda sufrir durante su paso por la Cámara autonómica, el texto ha incorporado, con respecto a la redacción original del Gobierno gallego, algunas modificaciones tras el periodo de información pública y presentación de alegaciones. Y entre ellas figura la obligación de fomentar en todos los edificios de titularidad pública de la comunidad autónoma, salvo los pertenecientes al Estado o a otras autonomías, la instalación y utilización de fuentes de agua potable de carácter gratuito para así ir reduciendo la expedición de botellas de plástico.

En el anteproyecto no se recogía nada de esto y su inclusión se debió a las alegaciones presentadas por las asociaciones de consumidores y las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones). Tanto unos como otros consideraron pertinente -ya que la ley trata, entre otros objetivos, de reducir la producción de residuos, singularmente los plásticos-, que en los edificios públicos de Galicia se instalaran surtidores de agua, si bien los consumidores querían ir más lejos, prohibiendo además en todos ellos la venta de botellas de agua de un solo uso.

La Xunta rechazó la prohibición de expedir los botellines, pero sí aceptó la conveniencia de colocar fuentes con dos condiciones, que el consumo de agua resultará gratuito para los usuarios y que los envases dispuestos para beber tendrán que ser reutilizables.

Este precepto se aplicará a todos los edificios de la Xunta, tanto de la administración general como de las empresas y entidades del sector público atonómico, pero también a las instalaciones que sean titularidad de las universidades, ayuntamientos y diputaciones. Matiza la ley que esto será así "dentro del respeto a su autonomía", y que en el caso de los edificios del Estado o de otras comunidades autónomas, la medida será de carácter potestativo, es decir, que solo la cumplirán si así lo deciden, sin estar obligados a ello.

Entre las novedades más llamativas de la futura ley figuran dos que entrarán en vigor a los 20 días de publicarse la norma en el Diario Oficial de Galicia una vez sea aprobada por el Parlamento y que afectarán al día a día de los ciudadanos. Quedará prohibida la venta de platos, vasos, fuentes, bandejas y cubertería de plástico de un solo uso y, por otra parte, los restaurantes tendrán la obligación de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida, pero en recipientes que estén compuestos con un 50% de material biodegradable.

Si bien la normativa europea ya iba a prohibir la venta de bolsas plásticas en 2020, lo que ha hecho la Xunta es adelantar un año el veto a la vajilla de plástico de un solo uso, por lo que sus meses en las estanterías de las tiendas están contados.

En el trámite de información pública, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo también tuvo que hacer una corrección a pesar de tratarse de un departamento perteneciente a la consellería de redactó el proyecto de ley. En este caso se modificó el texto original para establecer con suficientes garantías que sobre un suelo declarado como contaminado no se pueden ejecutar desarrollos urbanísticos hasta que se limpien completamente.

La redacción inicial resultaba bastante ambigua, por lo que en el nuevo texto se deja meridianamente claro que en un suelo contaminado no se puede construir y que solo el órgano competente en la materia está capacitado para determinar que ha dejado de estarlo. "Se trata de evitar que se puedan proponer desarrollos urbanísticos en ámbitos de suelos contaminados", aclara la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio.

La ley pretende convertirse en una barrera contra la contaminación, creando nuevas tipificaciones y elevando para ello hasta el 1,75 millones de euros la sanción máxima a las empresas que no realicen los tratamientos adecuados de los residuos que generen cuando estos sean peligrosos. Por primera vez, se fijan objetivos y medidas para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje de las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55% en peso para 2025.

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