El negocio de las apuestas en Galicia sufrió su primera caída desde que inició su actividad en 2013, al hilo del estancamiento de su expansión y de la creciente polémica sobre la actividad por el impacto entre los más jóvenes, potenciando, según los expertos, los casos de ludopatía precoz. El dinero apostado por los gallegos de forma presencial, en las terminales situadas en locales de hostelería y casas de apuestas, se redujo un 17% en 2018, cayendo de los 146,3 millones de 2017 a casi 122. Esta disminución menguó también el margen de las siete empresas que explotan la actividad en Galicia, que pasó a 26,7 millones, un 23,7% menos que en 2017 y cifra incluso inferior a la registrada en 2016. También las cantidades apostadas en 2018 son inferiores a las de ese año (134).
Los datos que maneja la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, muestran que los gallegos que decidieron apostar presencialmente en 2018 perdieron en total esos 26,7 millones, que es la diferencia entre los 121,9 millones jugados por los ciudadanos y los premios cobrados (GGR).
De acuerdo con esa información, Galicia es una de las tres comunidades, junto a Extremadura y Euskadi, donde este negocio se contrajo en 2018, año en que todas las comunidades ya permitieron explotar esta actividad.
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A nivel general, sin embargo, el sector mejora las estadísticas. En el caso de las cantidades jugadas en todo el Estado, la cifra alcanzó los 1.888 millones de euros, un 12,3% más (207 millones), algo menor que el aumento del margen empresarial, que ganó casi 43 millones hasta rozar los 365, según las citadas estadísticas del Ministerio de Hacienda relativas a las apuestas presenciales, pues las realizada a través de internet no se territorializan.
El primer descenso del negocio de las apuestas en Galicia se produjo justo antes de varias circunstancias. En primer lugar, las protestas sociales para regular de forma más restrictiva el sector. Padres, asociaciones de ayuda a ludópatas y expertos presionaron a mediados del año pasado a la Xunta para que la nueva Lei do Xogo, que se aprobará este año, vetase las apuestas en bares cercanos a los colegios e impusiese controles de activación a distancia de las terminales, análogas a las dispensadoras de tabaco, para impedir el acceso de los menores a las apuestas (también se apliará a las tragaperras). Sus demandas fueron atendidas parcialmente, pues el Ejecutivo plasmó finalmente la obligación de contar con ese mando en bares y cafeterías y elevó la distancia entre centros educativos y salones de juego y tiendas de apuestas, pero indultó a los ya existentes y exoneró de la norma a los locales de hostelería.
En segundo, la Xunta congeló desde el año pasado la expansión del sector, alegando la preocupación social y la lucha contra la ludopatía. Fijó en 118 los salones de juego autorizados y en 41 las casas de apuesta. Los 159 negocios en total son más del doble que en 2013.
Ese veto, sin embargo, no afectó a las máquinas de apuestas situadas en bares y cafeterías, cuyo límite aumentó de 2.000 a 3.60 a finales de 2016. Las siete operadoras autorizadas cuentan con 3.954 máquinas de apuestas instaladas en la comunidad, de las que 3.208 se encuentran en locales hosteleros, con datos de septiembre pasado. La cifra se mantiene congelada respecto al dato previo al citado veto.
