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Líderes en cazar productos peligrosos

-Galicia es la comunidad que más mercancías inseguras detecta, un centenar en 2018 - El año pasado se impusieron 408.000 euros en sanciones por infracciones graves

Imagen de archivo del Laboratorio de Consumo, que examina cada año cientos de productos para comprobar su seguridad. // Víctor Echave

Disfraces por Entroido, juguetes por Navidad... Las campañas de inspección del Instituto Galego de Consumo e da Competencia prestan especial atención a los colectivos que consideran más "vulnerables", como son los pequeños de la casa. Por eso en las épocas del año en que el comercio se enfoca hacia los niños, como la que acaba de finalizar, intensifica su vigilancia y no es casualidad que los juguetes sean uno de los tipos de objetos donde la Xunta detecta más irregularidades, que luego traslada a la Red de Alertas Estatal, donde destaca por su capacidad para "cazar" mercancías que no se ajustan a la etiqueta o a la normativa o que pueden suponer un riesgo.

Galicia apenas representa el 6 por ciento de la población española, y, sin embargo, es la responsable de localizar uno de cada cuatro productos idustriales inseguros que se detectan en todo el país por su control de mercado. Tiene su explicación: el Gobierno autonómico suele atribuirlo a la "intensa" labor de investigación que desarrolla. En 2018, Galicia notificó 98 productos a la Red de Alerta Estatal, a los que habría que sumar dos alertas notificadas directamente por los productores, y lo consiguió realizando cerca de diez mil ensayos en laboratorio de 520 muestras de producto.

En 2019, el dato provisional facilitado por la Consellería de Economía, de la que depende tanto el Instituto Galego de Consumo como el Laboratorio de Consumo de Galicia, destinado a examinar la integridad de las mercancías sospechosas, es ligeramente inferior, porque fueron 83 los objetos avisados a la red estatal. Cuando un producto llega a este sistema de información, se adoptan medidas coordinadas encaminadas a inmovilizarlo, retirarlo del mercado o modificar las características que lo hacen inseguro, explican desde la Administración. También descendieron las muestras de producto examinadas para detectar problemas: fueron en total 374, a una media de una por día.

En los últimos cuatro años, incluido el balance provisional de 2019, recién finalizado, la Xunta analizó casi dos mil objetos procedentes de estanterías de todo tipo de comercios gallegos -excepto alimenticios- y lanzó una alerta sobre un total de 327, uno de cada seis. Los más numerosos fueron precisamente los juguetes, porque fueron alertados 122 durante este período y, en concreto, 26 en 2019 y 38 en 2018, seguidos de los productos eléctricos, que ascendieron a 111. En este caso, la cifra más elevada se alcanzó en 2019, con 49 dispositivos. No obstante, el Ejecutivo gallego no cuantifica cuántas unidades de los productos se retiran, dado que es una labor que, explican, compete al Estado.

¿Y cuáles son los problemas más habituales que las autoridades encuentran en las mercancías de las tiendas y que disparan la alerta? En el caso de los juguetes, los riesgos más habituales son el tener partes pequeñas -que pueden ser fáciles de tragar-, formas geométricas, incluir bolsas, el acceso a pilas o su inflamabilidad. Si lo que se examina son productos eléctricos, los principales peligros detectados en los controles son el riesgo de choque eléctrico o electrocución, pero también la posibilidad de quemaduras.

Para que todos esos objetos lleguen al Laboratorio de Consumo y sean examinados, tiene que haber antes campañas de inspección. En Galicia solo en los últimos cuatro años, desde 2016, ese tipo de actuaciones roza las 300.000, a un ritmo de unas doscientas diarias.

Toda esa actividad -que el año recién finalizado se concretó en 61.534 inspecciones- ha conllevado al final en cuatro años la apertura de 195 expedientes por infracciones graves y 11 por leves que conllevaron un importe global en sanciones de más de un 1,6 millones de euros. En el último año analizado, 2019, la Xunta tramitó 48 expedientes por infracciones graves que se tradujeron en 408.000 euros en multas.

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