La revisión catastral amenaza con incrementar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) el año próximo en 22 concellos, que suman más de 830.000 vecinos, el equivalente a casi un tercio de la población total de Galicia. Estos consistorios aumentarán el tributo que grava viviendas, garajes o locales comerciales, por ejemplo, decisión condicionada en principio a la aprobación de los presupuestos generales para 2020. Hace tres años, sin embargo, los problemas para sacar adelante las cuentas estatales hicieron que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sacase adelante esta medida mediante un decreto desligado de su proyecto económico. Lo mismo hizo el año pasado.
El IBI es el impuesto que cada ciudadano paga por sus propiedades en el municipio en que se reside y su cantidad deriva de la aplicación de dos conceptos. El primero es el valor catastral: un índice que determina el precio de una vivienda, un garaje o un solar, por ejemplo, para la administración. A esa cifra -la base imponible- se le aplica después la carga que cada municipio determine, pudiendo bajarla o subirla cada año en función de sus necesidades.
Más de la mitad de concellos gallegos cobran ese impuesto según el valor de los pisos de los años 80 o 90. Para ir actualizando paulatinamente esos valores de referencia y evitar la revuelta social que supondría su puesta al día de golpe con el consiguiente aumento del recibo, la administración cuenta con una herramienta que el año que comienza el miércoles afectará a 22 municipios de la comunidad, entre ellos Vigo, Lugo y A Coruña.
Cada año, el Gobierno aprueba una orden que incrementa los valores catastrales de referencia entre un 0,78% y un 1,13% bajo condiciones. Ese porcentaje se fijará en los presupuestos generales de 2020, pero el Gobierno puede establecerlo mediante un real decreto ad hoc, como sucedió en 2016 y en 2018.
En la norma publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fija que se aplicará a los concellos con valores catastrales anteriores a 2015 y que "pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes". De esa forma, se intenta acortar de forma pausada la diferencia entre el valor que la administración local toma como referencia para aplicar el impuso y el precio real actual. En Vigo, por ejemplo, se toma como referencia el valor catastral de 1989, sobre el que se aplica la tasa de IBI decidida por el concello. En el caso de O Porriño, la referencia es 1987. El valor de una vivienda, por ejemplo, es lógicamente mucho mayor ahora que en esas dos fechas, por lo que se trata del factor clave en el pago del impuesto, por encima de la tasa fijada en cada consistorio.
Los concellos pueden solicitar esta medida, pero también el Ministerio de Hacienda puede aplicarlo "de oficio" en casos como los de municipios que recibieran ayuda para pagar a proveedores.
Los concellos en que se actualizará el valor catastral de referencia el año próximo en el porcentaje que fijen las cuentas estatales son Vigo, Vilanova de Arousa, Soutomaior, Silleda, Salceda de Caselas, Poio, O Porriño, Marín, Baiona, A Guarda, O Barco de Valdeorras, Celanova, A Veiga, A Rúa, A Gudiña, Pol, Lugo, Guntín, Cervo, Oleiros, Dumbría y A Coruña.
