Por primera vez desde el inicio de la crisis generada en 2008, la Xunta no gastó todos los fondos reservados para pagar la Risga, un cheque social de alrededor de 440 euros mensuales para las rentas que no alcanzan esa cifra. Algo más de 7,5 millones de euros de los 64 reservados este año para este servicio fueron desviados al pago íntegro del complemento autonómico de las pensiones no contributivas, una paga extra que alcanzó de nuevo los 206 euros.
Esta operación fue realizada el mes pasado por parte de la Consellería de Política Social, que recibió luz verde del departamento de Facenda, según el expediente autonómico sobre esta modificación presupuestaria. Del apartado destinado a la renta de inclusión social de Galicia se detrajeron 7.541.609 euros, que fueron inyectados en el "fondo extraordinario de perceptores de subsidios y pensiones no contributivas".
Esta decisión marca un cambio de tendencia en las cuentas de la Risga. La recesión económica mundial que desencadenó la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers a finales de 2008 destrozó las vidas de miles de gallegos, que perdieron sus empleos y se vieron obligados a recurrir a ayudas sociales para llegar a fin de mes. El presupuesto anual de la Xunta para pagar la Risga era de 22,8 millones en 2008 y fue subiendo constantemente hasta casi triplicarse en 2020, cuando se prevé un desembolso de 64,3.
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Desde 2012, la partida reservada en los presupuestos anuales fue insuficiente y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) se vio obligada a inyectar fondos extra cada año, pues de cumplirse los requisitos la administración debe pagar a un solicitante esta prestación, aunque haya agotado los recursos presupuestados. El gasto anual fue creciendo: 36 millones en 2013, 39,7 en 2014, 50,3 en 2015, 56,2 en 2016. 62,5 en 2017, 64,4 en 2018 y 64,4 en 2019.
La última inyección adicional de fondos data de 2017, cuando la Consellería de Política Social tuvo que añadir 600.000 euros para atender más solicitudes. Desde entonces, no requirió nuevas operaciones extraordinarias de este tipo. Y ahora se ha producido el efecto contrario: han quedado fondos sin gastar.
"Normalmente siempre se presupuestan fondos de forma amplia, aunque es una partida ampliable si es necesario. Como se prevé no agotar los fondos, se destinan a otras políticas sociales", justifican la decisión del pasado noviembre desde la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García.
Las cifras de solicitudes y beneficiarios de la Risga también han descendido. El año pasado pidieron este cheque social 5.808 personas frente a las 6.039 de 2017, lejos del pico de 7.704 de 2013, según los datos de Política Social. En el terreno de quienes percibieron esa prestación el año pasado, el dato alcanzó a lo largo de todo el ejercicio -algunos beneficiarios cobran durante unos meses únicamente- las 15.430 personas, ligeramente por debajo de los 15.501 de 2017. Entre perceptores y familiares, viven gracias a esta subvención 30.000 gallegos.
La radiografía de esta prestación muestra que los mayores de 55 años que dependen de este dinero público para sobrevivir aumentaron un 60% en un lustro, pasando de representar el 17% al 27,5% el año pasado.
La Xunta aprobó en abril el decreto que desarrolló con cinco años de retraso la Lei de Inclusión Social, que reformó parcialmente la Risga para permitir a los beneficiarios compatibilizar esta ayuda con trabajos temporales de forma más laxa a lo que sucedía anteriormente.
