El Consello de Contas ha elaborado su primer diagnóstico sobre los sistemas de prevención de la corrupción con que cuenta la Administración autonómica. Sus conclusiones son que la Xunta ya dispone de algunas y aisladas actuaciones en marcha, pero que todavía son insuficientes, por lo que reclama una mayor intensidad en la implantación de las medidas para combatir eventuales prácticas corruptas o comportamientos que atenten contra la ética. "Esas acciones aisladas necesitan de un impulso para constituir un sistema consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a autoevaluación y mejora continua", se recoge en el informe, que ayer fue entregado por el conselleiro Maior de Contas, José Antonio Redondo, al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El número dos del Gobierno gallego aseguró que no conocía aún el documento, pero se comprometió a realizar una "implantación gradual" de las propuestas del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma porque de esta forma se garantiza una aplicación "más efectiva".
El diagnóstico valora el "esfuerzo" realizado por la Administración autonómica en asuntos como la política de transparencia y buen gobierno, el código ético institucional o el control económico y financiero y sitúa en un nivel "medio" la implantación de controles interno. Pero se le piden más acciones y además integradas en un "armazón común" para todo el sector público autonómico, así como contar con un marco legal normativo que ampare todas las medidas de prevención y control de la corrupción.
"Los resultados [del informe] reflejan la necesidad de definición de una estrategia articulada y fundamentada en criterios técnicos para la prevención de la corrupción; y también una mayor visibilidad del compromiso de apoyo de los órganos de gobierno a la promoción de la integridad; un mayor conocimiento por parte de los empleados públicos en temas de integridad y prevención de la corrupción; y extender la realización de procesos formales de administración de riesgos de la corrupción a los distintos centros de la Administración general dentro de esa estrategia articulada", se relata en el documento.
Una de las propuestas en la que más se insiste es en la creación de un canal de denuncias específico como medio para comunicar situaciones relacionadas con la corrupción y la integridad, dando protección y garantizando el anonimato a los denunciantes, así como establecer el proceso de investigación ante estos casos, cuya responsabilidad recaería en un comité de ética de nuevo cuño. Actualmente no existe ninguna figura similar.
A Contas no le valen los actuales canales de comunicación como buzones de quejas y sugerencias que existen en la Xunta, porque entiende que están diseñadas sobre todo para mejorar los servicios. "Pero no están configurados explícitamente como canales de alerta o denuncia de irregularidades, fraudes o actos de corrupción, ni tampoco de incumplimientos del código ético institucional.", se recoge en el diagnóstico.
Aunque se destaca la intencionalidad del código ético de la Xunta, que regula los regalos, las incompatibilidades, los viajes o las declaraciones de bienes de los altos cargos, el Consello de Contas considera que sus efectos son "limitados".
En este sentido, lamenta que no exista un órgano con capacidad ejecutiva para pronunciarse sobre los posibles incumplimientos del código ético ni para tomar decisiones en caso de que una eventual irregularidad requiera de una respuesta. "En este sentido, sería conveniente avanzar en la constitución de un órgano colegiado de garantía, y dotarlo de un canal específico para conocer de estos incumplimientos y de un procedimiento formal para la tramitación de las denuncias que se presenten en relación con los mismos", se recoge en el diagnóstico.
José Antonio Redondo aseguró que con este informe se abre "un nuevo camino" en el control y la prevención de la corrupción.
Por su parte, el responsable del área de Conta Xeral, Constantino Carreiras, explicó que se trata de un documento "técnico" que identifica "debilidades" por parte de la Administración y "cómo corregirlas". No en vano, advirtió de la importancia de que la Xunta se "comprometa e incorpore" sus recomendaciones.
