La Consellería do Medio Rural lo viene defendiendo desde hace meses, pero ahora cuenta con un argumento más a su favor y en contra el criterio del Ministerio de Hacienda. Un informe jurídico encargado por la Xunta sostiene que las subvenciones concedidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria se deben considerar como ayudas de capital y que por eso tienen derecho a que el pago de los impuestos por estos fondos se distribuya en un periodo de cinco años y no se abone solo en uno como reclama el Gobierno central al entender que son ayudas directas a la renta.

Desde el estallido de la crisis, más de 3.000 jóvenes se incorporaron a la actividad agraria en Galicia. En 2016 se batió el récord de altas en el sector, con un total de 618 adhesiones, el doble que las contabilizadas en 2009. Un aumento atribuido principalmente al efecto llamada producido por el incremento de las ayudas por parte de la Administración, así como a la falta de empleo en las ciudades, lo que mantiene el rural como un nicho de negocio.

Pero resulta que el 30% de las ayudas para los jóvenes por incorporarse al campo van a parar a la Agencia Tributaria, lo que supone una factura fiscal de 6.000 euros a pagar en un solo año por una subvención de 20.000 euros. Porque Hacienda considera que son subvenciones corrientes que se deben declarar en el ejercicio fiscal correspondiente y abonarse en un único pago. Por lo tanto, los beneficiarios se encuentran con la dificultad añadida de que en el primer año de actividad tienen ya que pagar una cantidad elevada de impuestos.

La Xunta sostiene que esta práctica no es correcta y aboga por que el pago reparta durante un periodo de amortización del activo adquirido con un mínimo de cinco años.

Respaldando esta interpretación, la Consellería do Medio Rural presentó ayer ante el Consello Agrario de Galicia un informe jurídico que será remitido al Ministerio de Hacienda "para que lo tenga en cuenta de cara a futuros ejercicios fiscales". "El objetivo de esta consulta jurídica es que los jóvenes tengan un tratamiento fiscal lo más beneficioso posible, con el fin de impulsar su actividad de desarrollo y dinamización del rural", destacó el conselleiro, José González, en su intervención ante los miembros del Consello Agrario de Galicia.

"La imputación del tributo debe hacerse por la amortización de la inversión realizada a la largo de un periodo de cinco años y no considerarse ayuda a la renta de los agricultores en un único pago", enfatizó.

En la misma línea, José González anunció además que se va a solicitar al Gobierno central un tratamiento especial en la Seguridad Social a los trabajadores agrarios a tiempo parcial y un régimen específico de tributación para los cosecheros de castaña, con el mismo objetivo de rebajar la presión fiscal sobre estos colectivos.